El Legislativo de Bolivia facilitó este miércoles un primer acercamiento entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores sociales que mantienen protestas y bloqueos de caminos para exigir su renuncia, con la participación de la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos.
El encuentro fue una iniciativa del vicepresidente del país y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara , declarado opositor al Gobierno, y de los jefes de bancadas de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria.
Sin embargo, no asistieron dirigentes campesinos aimaras de La Paz , de la Central Obrera Boliviana (COB) ni de los maestros rurales, algunos de ellos con órdenes de captura por los disturbios y hechos de violencia registrados durante las protestas y enfrentamientos con la Policía.
En el encuentro se estableció «realizar las gestiones necesarias para garantizar la asistencia de todos los dirigentes al diálogo», lo que estará a cargo de las instituciones promotoras de derechos humanos y de la comunidad internacional.
Lara afirmó que la reunión supone «un primer paso » para consolidar un encuentro que permita resolver los conflictos en el país.
Para esto, se fijó una nueva reunión para este jueves en el Seminario San Jerónimo , en La Paz , con la participación de los líderes sindicales de las organizaciones que sostienen las protestas y los bloqueos de vías desde hace 22 días.
Por su parte, el ministro Lupo se comprometió a «dar garantías plenas » para que los dirigentes puedan asistir al diálogo sin ser perseguidos, arrestados ni hostigados.
«Nuestra voluntad de diálogo es absoluta (…) queremos sentarnos y discutir cada uno de los pliegos (documentos de peticiones)», agregó Lupo.
La reunión en la Vicepresidencia se realizó de forma paralela al primer encuentro del Consejo Económico y Social , en el que Paz , que lleva poco más de seis meses de gestión, llamó a las organizaciones sociales a ser parte de su Gobierno.
Esta madrugada, Paz promulgó una ley que elimina las restricciones legales para una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos bajo el marco de un estado de excepción, aunque su Gobierno aseguró que recurrir a esa medida será la «última opción» si el diálogo no prospera.
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