Responde | Cuestiona los datos del informe, específicamente la afirmación de que en el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.
Creado: 17.06.2026 | 17:52 Actualizado: 17.06.2026 | 19:21 La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó el informe publicado por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) sobre el impacto económico de la suspensión de clases.
El gremio argumentó que el documento presenta errores metodológicos y responsabiliza a los docentes de deficiencias estructurales del sistema educativo nacional.
Cuestionó, además, los datos del informe, específicamente la afirmación de que en el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia.
Nacionales Pilar Moreno La ADP explicó que el calendario oficial del Ministerio de Educación (MINERD) establece un total de 1,528 horas en 191 días lectivos, por lo que las cifras de la organización privada sugerirían que solo se impartieron 144 horas a nivel nacional.
Asimismo, la ADP negó que 55 convocatorias de suspensión hayan afectado la totalidad de los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales.
La entidad aclaró que no ha realizado paralizaciones nacionales en más de tres años y que las interrupciones recientes respondieron a demandas locales en demarcaciones como Duarte, Santiago, Azua, San Juan, Haina, Tamayo y Boca Chica.
Nacionales El Nacional La ADP indicó que estas paralizaciones focalizadas se originaron por daños en la infraestructura, escasez de aulas e intoxicaciones por fumigación agrícola.
La organización sindical objetó que entidades privadas asuman la evaluación del calendario escolar sin el aval técnico del Minerd.
En ese sentido, expuso que en los últimos cinco años EDUCA recibió RD$67.07 millones del Estado a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), mientras que Fe y Alegría percibió RD$12.03 millones en subvenciones.
De acuerdo con las estimaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar citadas por el gremio, con los más de RD$79 millones entregados a ambas entidades se pudieron haber construido entre 11 y 15 aulas escolares.
“Por ello, resulta contradictorio que organizaciones beneficiarias de recursos del 4% del PIB intenten presentar a los docentes como responsables exclusivos de supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio sobre problemas como el déficit de aulas, la sobrepoblación estudiantil, el deterioro de planteles y las múltiples necesidades de infraestructura que afectan el proceso educativo”, indicó el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP.
El sindicato concluyó su respuesta reiterando que las evaluaciones e inversiones deben enfocarse en resolver la situación de los planteles para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente en el sector público.
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