Oposición advierte concentración del comercio y desplazamiento de pequeños actores económicos
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó el proyecto de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, dispuesto mediante el decreto 166-26, por considerar que amenaza el comercio tradicional y podría concentrar la actividad en pocas manos. La iniciativa contempla una inversión de 300 millones de dólares del sector privado.
El PLD rechazó hoy la implementación del proyecto de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, al considerar que la iniciativa amenaza el comercio tradicional que durante décadas ha servido de sustento para miles de familias. La postura fue expresada por Yván Lorenzo, quien fungió como vocero en la rueda de prensa de los lunes del partido.
En febrero pasado, mediante el decreto 166-26, el Poder Ejecutivo dispuso la construcción de una red de puertos secos bajo el régimen de zona franca y de centros logísticos en la frontera, con una inversión de 300 millones de dólares del sector privado. La disposición declara de alto interés nacional la construcción y operación de puertos secos en la zona y plantea objetivos como ordenar el comercio, fortalecer los controles y desarrollar la infraestructura logística.
El partido morado considera que esa modificación de la dinámica económica, bajo el pretexto de ‘modernización’, puede significar el desplazamiento de actores económicos y la concentración del comercio en pocas manos. ‘El comercio dominico-haitiano no fue construido por grandes corporaciones multinacionales ni por élites económicas alejadas de la realidad fronteriza’, expuso Lorenzo. Sostuvo que fue levantado durante décadas por el esfuerzo cotidiano de miles de comerciantes, transportistas, productores y pequeños emprendedores de las provincias de la frontera, quienes han logrado desarrollar uno de los mercados binacionales más dinámicos del Caribe.
Lorenzo indicó que más de 13 mil comerciantes dependen directamente de la dinámica comercial fronteriza, lo que impacta de manera indirecta a más de 100 mil personas en las provincias de Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales, entre familias, transportistas, trabajadores informales, productores agrícolas, suplidores y pequeños negocios locales. Manifestó particular preocupación por el artículo 5 del decreto, que establece que toda sociedad comercial que pretenda obtener la habilitación para operar los puertos secos deberá construir y desarrollar una terminal intermodal terrestre, además de cumplir con múltiples requisitos en infraestructura de transporte, capacidad operativa, plataformas tecnológicas, servicios especializados, manejo logístico y ambientales. ‘La realidad es que esas exigencias técnicas, financieras y operativas resultan prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los comerciantes tradicionales’, agregó.
