La decisión judicial y la posibilidad de penas de hasta 60 años ponen el foco en la violencia urbana en República Dominicana
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Jhonny González, acusado de tentativa de homicidio para cometer robo agravado en perjuicio de Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, en un hecho ocurrido en el sector Serrallés, en la madrugada del 12 de septiembre de 2026.
El magistrado Rigoberto Sena ordenó que González cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Los abogados Ingrid Hidalgo y Manuel García, representantes de Gustavo Mejía-Ricart, padre de la víctima, destacaron que el tribunal consideró la gravedad de los hechos y la acusación de tentativa de homicidio agravado, y señalaron que la acumulación de penas podría llegar hasta 60 años de prisión, según el Código Penal vigente.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, la víctima llegaba a su residencia en una motocicleta marca X1000, modelo CG-200, año 2016, de color negro, cuando el imputado la interceptó y le exigió: “Entrégame todo”. Mejía-Ricart logró entrar al hobby de la torre, pero fue perseguido y alcanzado, sufriendo múltiples heridas con un arma blanca tipo cuchillo. En el ataque también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad del edificio, quien intervino al escuchar los gritos.
El procurador fiscal José Guillermo Soriano, adscrito al Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, presentó la acusación y las pruebas. Mediante el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron la ruta de escape del sospechoso hasta su residencia en el sector Capotillo, del Distrito Nacional. El 14 de septiembre, durante un allanamiento, las autoridades ocuparon un cuchillo y otros objetos relacionados con el hecho, además de la motocicleta utilizada para la huida.
González enfrenta cargos por violar los artículos 14, 46, 47, 91, 225 numerales 1, 4 y 6; 226 numerales 2, 3 y 4; y 228 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas. Mejía-Ricart manifestó su satisfacción con la decisión del tribunal, confió en que se mantenga durante el juicio de fondo e informó que su hijo continúa recuperándose y que este lunes fue sometido a otra intervención quirúrgica, aunque evoluciona favorablemente.
