El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció el pasado lunes que su país prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.
Canadá también informó el 10 de junio de este año que someterá un proyecto de ley con igual propósito.
Ambas naciones se suman a Australia, Indonesia y Turquía, ya con leyes en ese sentido, mientras Francia lidera una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea, como Dinamarca, Grecia y España.
La Cámara de Representantes de Massachusetts, en Estados Unidos, también reveló recientemente que votará un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores.
La norma incluye restricciones al uso de celulares en las escuelas y que los menores solo puedan utilizar estas plataformas con el consentimiento verificable de sus padres.
La legislación procura garantizar que los estudiantes puedan concentrarse y tener éxito en el aula, una preocupación de docentes a escala planetaria, que deben lidiar en salones de clases con alumnos ensimismados con sus móviles y totalmente distraídos.
Las decisiones de esos países forman parte de un creciente esfuerzo global para endurecer sus leyes, a fin de enfrentar los efectos dañinos en menores de edad de las redes sociales y chatbots de inteligencia artificial (IA), comprobados por estudios.
Estudios ya han comprobado el impacto negativo de algoritmos adictivos en la salud mental de menores de edad.
EXTERNA El plan del gobierno británico es uno de los más ambiciosos para establecer controles a contenidos sin restricciones a los que acceden menores que permanecen en línea por largas horas del día, la noche y hasta de la madrugada.
La norma contempla fiscalizar a plataformas de videojuegos y de “streaming”, donde desconocidos pueden contactar a menores de edad sin ningún tipo de limitación.
El gobierno británico también impondrá toques de queda nocturnos y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos para los menores de 18 años.
Los niños, niñas y adolescentes tampoco podrán utilizar chatbots de IA diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol.
Reino Unido no actuó a la ligera.
Previamente realizó una consulta nacional sobre el tema que le permitió recibir cerca de 116,000 contribuciones.
Los gobiernos de esas naciones que ya han impuesto serios controles y otras en proceso de aplicarlos, argumentan que los contenidos en línea a que acceden menores de edad incitan a autolesiones, fomentan la violencia y el odio y contienen imágenes íntimas no consentidas.
Argumentan también que esas plataformas de redes sociales y de chatbots están diseñadas para captar la atención, no favorecen un desarrollo infantil saludable y se han convertido en una fuente de ansiedad, aislamiento, depresión y otros problemas de salud mental.
Por esa razón, las presiones se enfocan, además, a que los gigantes tecnológicos que manejan redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat y X, así como las empresas con chatbots de IA, establezcan medidas de seguridad, incluidas herramientas que bloqueen el envío de imágenes sexualmente explícitas a menores.
Las empresas tecnológicas se han defendido y argumentan que ofrecen experiencias seguras en línea a niños, niñas y adolescentes, con ajustes preestablecidos de seguridad y privacidad.
Sin embargo, estudios ya han comprobado el impacto negativo de algoritmos adictivos en la salud mental de los usuarios.
La clarinada de gobernantes y funcionarios de Europa que están dando pasos trascendentales para controlar contenidos en redes sociales y chatbots de IA es tajante.
«Las redes sociales hacen infelices a los niños.
Facilitan el acoso y los abusos», declaró el primer ministro británico Keir Starmer al anunciar el proyecto de ley en su país.
“Les estamos fallando a nuestros hijos.
¡Ya basta!”, exclamó Marc Miller, ministro de Cultura de Canadá, quien planteó que la seguridad de los niños, niñas y adolescentes no puede ser una consideración secundaria.
Mientras naciones desarrolladas ponen el foco en un problema tan preocupante -basta navegar tan solo unos minutos por el ciberespacio para comprobarlo-, en América Latina, como siempre suele pasar, hay rezagos en la elaboración de proyectos de ley o normas de protección digital infantil.
Y en República Dominicana, como parte de la región, igual estamos ajenos e indiferentes al respecto.
Solo se tiene como herramienta de protección la Orden Departamental 11-2026 emitida el pasado 27 de mayo por el Ministerio de Educación para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los centros educativos públicos y privados.
La normativa, pautada para aplicarse en el venidero año escolar, prohíbe el uso total de celulares en el nivel inicial y bajo supervisión de docentes en el nivel secundario.
Cada centro educativo tendrá la facultad de establecer horarios, espacios y condiciones específicas para su uso.
Niños, niñas y adolescentes permanecen en línea por largas horas, sin la supervisión de padres, madres o tutores.
EXTERNA Establece también que el uso de dispositivos electrónicos para cometer fraude académico, ciberacoso o cualquier conducta inapropiada, implicaría sanciones disciplinarias establecidas en el manual de convivencia y las leyes vigentes.
Ese primer paso de las autoridades educativas es loable, pero los esfuerzos para garantizar a menores de edad un entorno digital saludable deben ser más abarcadores, siempre con el involucramiento de padres, madres y tutores, porque los controles deben extenderse al hogar.
Canadá incluso ya creó una Comisión de Seguridad Digital, un organismo regulador que se encargará de garantizar la aplicación de su normativa.
Porque no se trata solo de aprobar normas o leyes, sino de velar también para que en la práctica sean efectivas.
Quizás nuestro eficaz Congreso Nacional dominado por el oficialismo, que ha actuado “rápido y furioso” en la aprobación de la actual reforma tributaria, se anime a impulsar una Ley de Seguridad Digital Infantil que proteja a niños y niñas dominicanos de los riesgos y amenazas que acechan en el mundo virtual.
No hay que aprobarla en seis días y que el presidente de la República la promulgue apenas horas después de sancionada por el Congreso Nacional, como la «Ley anticrisis» que carga con más impuestos a la población, pero sí sería pertinente iniciar con prontitud los debates y consultas para su elaboración.
Como certeramente reflexionó el ministro de Cultura de Canadá, Marc Miller: «A medida que la tecnología evoluciona, debemos asegurarnos de que nuestras leyes se adapten, porque los padres no pueden afrontar solos estos desafíos».
Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES.
