Sobre la decisión del (TSA) relativa a cancelar los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Dominicana, S.A.
(Falcondo), el explicó que este aspecto corresponde a un ámbito fuera de su competencia, limitándose a respetar las decisiones de este órgano y las atribuciones de las instituciones responsables de la regulación minera.
Su intervención en el caso se centra en los trabajadores, quienes esperan el pago de sus prestaciones, los cuales afirman que el pasado 2 de marzo del año en curso les entregó una carta de despido con la promesa de que en diez les serían entregadas sus prestaciones y hasta la fecha los mantiene en espera.
“La situación de la concesión minera corresponde a otras autoridades y a los tribunales, pero la protección de los de los trabajadores de Falcondo sí constituye una prioridad del ”, respondió el titular de la entidad estatal, Eddy Olivares, a este medio.
Víctor Antonio Rodríguez Fermín, miembro de la directiva sindical de los trabajadores de Falcondo, manifestó que la deuda de la con los empleados asciende a 350 millones de pesos, considerando que la gran mayoría sobrepasa los 10, 20 y 30 años de servicio a la institución.
Lea también Mientras tanto, Olivares garantizó que vigila el proceso con el objetivo de que los trabajadores reciban el pago de sus prestaciones.
“El Ministerio de Trabajo ha acompañado este proceso durante varios años, procurando que los trabajadores reciban sus y los demás derechos derivados de la terminación de sus contratos”, detalló el funcionario.
Como resultado de estas gestiones, sostuvo que 1,010 trabajadores, de los cuales 677 pertenecían al sindicato de trabajadores, fueron y recibieron el pago de sus beneficios laborales, mientras que se procuró también una solución para 80 trabajadores, entre los que están los directivos del sindicato, que decidieron voluntariamente permanecer vinculados a la empresa.
En la actualidad, la entidad estatal continúa ofreciendo asistencia a los trabajadores mediante la , que asumió la representación de 55 trabajadores para la defensa de sus derechos ante los tribunales.
Agregaron que de ese número, 46 permanecen representados por ese departamento y tienen sus respectivos procesos en estado de fallo.
De igual forma, expusieron que existe un proceso de reestructuración mercantil de la empresa ante el tribunal competente donde el (Fonper) solicitó el 30 de julio de 2026 la aprobación de un mecanismo para el pago de las acreencias laborales cesantes de Falcondo mediante la subrogación del en los derechos, acciones y privilegios correspondientes y su incorporación a la lista de acreedores del proceso de reestructuración.
“De ser aprobada esta solicitud por el tribunal competente, el Estado dominicano, que ya había asumido el pago de la mayor parte de las prestaciones, lo completaría en los términos que sean determinados legalmente, quedando subrogado en los derechos y acciones que correspondan frente a la empresa”, reveló Olivares.
Por tanto, ante la situación que pueda derivarse de la decisión sobre la , lo fundamental es garantizar que 76 trabajadores que aún se mantienen vinculados a la empresa no queden desprotegidos y que sus derechos laborales sean reconocidos y satisfechos conforme a la Constitución, el y la legislación sobre reestructuración y liquidación de empresas.
Reiteró que el organismo público seguirá orientando a los trabajadores dentro de sus competencias laborales a través de servicios de asistencia judicial conciliación y mediación, además de colaborar para que las creencias laborales sean reconocidas y atenidas.
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