Operación Cobra 2.0-A desarticula estructura que estafó más de RD$41 millones al seguro estatal
Una compleja red de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue desarticulada este viernes con la Operación Cobra 2.0-A, que dejó 28 arrestados en 37 allanamientos. El Ministerio Público reveló que médicos y exempleados de Senasa montaron un esquema de consultas y procedimientos inexistentes que desfalcó RD$41,125,551.02 entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El Ministerio Público sostiene que médicos vinculados al presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) recibían pagos por consultas y procedimientos que los afiliados nunca solicitaron ni recibieron, y posteriormente entregaban entre un 40 % y un 60 % de esos recursos a integrantes de la estructura investigada. La mecánica aparece descrita en la orden judicial que sirvió de base para los allanamientos de la Operación Cobra 2.0-A, ejecutada este viernes y que dejó 28 personas arrestadas en 37 allanamientos.
De acuerdo con el documento, una vez Senasa efectuaba los pagos a los médicos participantes, estos entregaban ‘en efectivo o mediante transferencias bancarias entre un 40 % y 60 % del monto cobrado’ a Ángel Luis Guzmán Vásquez y otros miembros señalados por el órgano acusador. Algunas de esas transferencias se realizaban sin colocar concepto alguno y otras utilizaban explicaciones como ‘pago a san de madre’, ‘San de tu madre’ y ‘pago préstamo Ángel Luis Guzmán’, que según los investigadores buscaban ocultar el origen del dinero.
La investigación sostiene que exempleados de Senasa accedían a información confidencial de afiliados y utilizaban esos datos para solicitar autorizaciones y preparar reclamaciones médicas. Se llenaban formularios a nombre de personas ‘que no la habían solicitado ni requerían ningún servicio’, incorporando diagnósticos, consultas y procedimientos inexistentes. Según el Ministerio Público, los documentos eran posteriormente firmados y sellados utilizando códigos de prestadores de servicios de salud para darles apariencia de legalidad. La orden judicial indica que los responsables ‘suplantaban su identidad’ mediante el uso de datos personales y la falsificación de firmas.
El expediente señala que se escogían ‘perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional’ para reducir la posibilidad de que detectaran el uso irregular de su información. Una vez obtenida la autorización, se completaba el proceso mediante facturas sustentadas en documentación falsificada, y el ciclo terminaba con ‘el desembolso de fondos públicos a los médicos investigados por servicios que los afiliados nunca requirieron ni recibieron’. La investigación partió de una denuncia de Senasa en noviembre de 2024 sobre autorizaciones médicas desconocidas. Entre enero de 2021 y febrero de 2025 se identificaron 4,363 autorizaciones de cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas por RD$41,125,551.02. Para conseguirlas se realizaban llamadas al centro de atención de Senasa usando información real de los asegurados, en ocasiones con nombres ficticios como ‘Pedro Martínez’, ‘Ángel Beltré’ y ‘Amatiris Gutiérrez’. El Ministerio Público entrevistó a afiliados cuyos nombres aparecían en formularios de reclamaciones.
