El caso revela un esquema de más de una década con cobros de hasta 40,000 dólares por matrimonio simulado
Seis personas enfrentan cargos federales en Massachusetts por una presunta red de matrimonios fraudulentos que operó por más de diez años. La acusación señala que la líder del esquema usaba las ganancias para adquirir propiedades en República Dominicana, un detalle que conecta el caso con el país caribeño.
La Fiscalía federal de Boston anunció cargos contra seis personas en Massachusetts por presuntamente organizar matrimonios fraudulentos para que extranjeros obtuvieran estatus migratorio en Estados Unidos. La principal acusada es Jennifer González, de 43 años y residente en Fall River, señalada como líder de una operación que habría generado cientos de miles de dólares anuales durante más de una década.
Junto a González fueron acusados Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, residente en Attleboro, y Jaylin Hill, de 26. Los otros cinco residen en Fall River. Todos enfrentan cargos de conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular, albergar a esas personas, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. González, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron arrestados este miércoles, mientras que Hill cumple condena en prisión estatal por un delito de armas.
Los documentos judiciales indican que González dirigía un negocio donde extranjeros pagaban para ser emparejados en matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses, con el fin de presentar documentación fraudulenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y obtener beneficios migratorios. La acusación sostiene que pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, para que se casaran, mientras Pugh habría actuado como secretaria. La operación organizaba entre 18 y 20 matrimonios al año y cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada uno.
Las autoridades alegan que González obtenía cientos de miles de dólares anuales y que instruía a sus clientes sobre cómo simular una relación legítima: contratar seguros de vida, abrir cuentas bancarias conjuntas y tomarse fotografías juntos. También les habría dicho que necesitaba entre tres y cuatro meses para preparar la documentación y les exigía firmar contratos. Durante la investigación, González habría declarado que usaba las ganancias para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana, a la que llamaba «su país». Según AP, González es ciudadana estadounidense. Las autoridades afirman que fue grabada en video y audio mientras dirigía la impresión y firma de un contrato presentado como préstamo y recibía un pago inicial de 3,000 dólares en efectivo para organizar un matrimonio simulado.
