Operación XL526: el caso que conecta a Santiago con el crimen organizado internacional
El Ministerio Público solicitó este jueves un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas en la operación XL526, una presunta red criminal que, desde territorio dominicano, estafaba, extorsionaba y chantajeaba a ciudadanos residentes en Estados Unidos. La solicitud incluye declarar el caso de tramitación compleja por la cantidad de imputados y víctimas, y por los delitos vinculados al crimen organizado y lavado de activos.
La petición fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. El procurador adjunto Wilson Camacho, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado, depositó la instancia. La audiencia para conocer la medida de coerción será fijada por el tribunal en los próximos días.
Entre los señalados como presuntos cabecillas de la estructura figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También fueron incluidos en la solicitud Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Según el expediente, la organización operaba principalmente desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y utilizaba herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a extorsión y chantaje. Los integrantes se hacían pasar por miembros de grupos criminales internacionales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, para intimidar a sus víctimas mediante amenazas y el envío de imágenes violentas con el objetivo de exigir pagos.
Las autoridades han identificado al menos 18 víctimas hasta el momento y sostienen que los fondos obtenidos de manera ilícita eran canalizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos y otros mecanismos utilizados para ocultar el origen de los recursos. La operación XL526 incluyó la realización de 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, encabezados por 35 fiscales y apoyados por distintas agencias nacionales e internacionales vinculadas a la lucha contra el crimen organizado. El Ministerio Público atribuye a los imputados presuntas violaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
