Valdez Alcántara pierde fuero y el proceso por presunto soborno de 10 mil dólares pasa a tribunal ordinario
La renuncia del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un presunto soborno de 10 mil dólares de un testigo del caso Senasa, marca un giro procesal: el expediente abandona la jurisdicción privilegiada y pasa al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara renunció a su cargo como miembro del Ministerio Público tras ser acusado de gestionar y recibir la entrega controlada de diez mil dólares de una persona bajo investigación. Su abogado, Valentín Medrano, confirmó la dimisión y explicó que, al dejar de ostentar la condición de fiscal, su representado perdió el privilegio de jurisdicción que le correspondía por razón de su cargo, lo que provocó un cambio en la jurisdicción encargada de conocer el proceso.
El expediente, que originalmente era conocido bajo el régimen de jurisdicción privilegiada, descendió a la jurisdicción ordinaria. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Patricia Padilla, quedó apoderado para continuar con la etapa preparatoria y tendrá a su cargo la audiencia preliminar, fijada para el próximo mes de octubre. La defensa de Valdez Alcántara, ejercida también por el abogado Albert Delgado, sostiene que el cambio de jurisdicción es una consecuencia directa de la renuncia y que el proceso debe continuar conforme a las reglas del procedimiento ordinario.
Los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano mantienen cuestionamientos a la forma en que fue realizada la investigación contra el exfiscal. Alegan que durante las actuaciones investigativas se produjeron violaciones a disposiciones legales que regulan la actuación del Ministerio Público, así como al procedimiento aplicable a los funcionarios que gozan de jurisdicción privilegiada.
Valdez Alcántara cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, medida impuesta por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La magistrada acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público luego de una audiencia que se extendió por más de diez horas. El Ministerio Público lo acusa de haber recibido 10 mil dólares en efectivo del testigo Roberto Canaán, vinculado al expediente sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Según la acusación, el imputado habría utilizado su posición y sus relaciones dentro del sistema de justicia para influir en el curso de las investigaciones.
