El caso Coxon reaviva el debate global sobre la superinteligencia y la responsabilidad corporativa
Jacos Coxon, ingeniero británico de 27 años, dimitió de Anthropic y OpenAI argumentando que ambas compañías ‘juegan con nuestras vidas’. El hecho se suma a una creciente lista de expertos que advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial.
Jacos Coxon, un ingeniero de software británico de 27 años que ha trabajado en Anthropic y en los últimos tres años en OpenAI, presentó su dimisión porque ambas compañías ‘no están actuando con responsabilidad’ y están ‘jugando con nuestras vidas’. Los medios lo identifican como uno de los desarrolladores de GPT-4o y GPT-4.5, aunque sin responsabilidades ejecutivas.
En un hilo en X, Coxon aseguró que las personas detrás del desarrollo exponencial de la IA ‘creen que podrá matarnos a todos al final de esta década’, porque ‘no hay otra actividad humana que suponga este nivel de amenaza’. Para él, se subestima el poder de la tecnología y los proyectos de IA ‘serán pronto sistemas sobrehumanos que podrán jaquear cualquier cosa, revolucionar todos los ámbitos y ganar verdadero poder y recursos’.
Colon distingue entre OpenAI, que ‘tal vez no ha internalizado en profundidad los retos civilizacionales’, y Anthropic, que los comprende pero ‘está atrapado en la carrera por llegar primero’. Aboga por coordinación entre proyectos y ‘acciones costosas, como una prohibición temporal de mejorar las capacidades del modelo’, además de una reflexión profunda de los investigadores.
Evan Hubinger, investigador de Anthropic, respaldó a Coxon: ‘Jacob tiene razón aquí; realmente creemos con sinceridad que la IA podría matar a todos los humanos. Personalmente, pienso que es más del 10 % dentro de la próxima década’. Consideró bajo el riesgo actual pero preocupante ‘la superinteligencia que surge del automejoramiento recursivo (…) que está ocurriendo más rápido de lo pensábamos’. Coxon no es el único: Geoffrey Hinton renunció a Google en 2023 por los riesgos de la IA, y en 2024 exempleados de OpenAI advirtieron en una carta abierta sobre el rápido desarrollo y la falta de leyes que protejan a los denunciantes.
