A 62 años de la dictadura, la debilidad institucional frena el desarrollo inclusivo
República Dominicana llega al primer cuarto del siglo XXI sin superar problemas estructurales que limitan un desarrollo verdaderamente inclusivo. La pobreza, la desigualdad y la distribución inequitativa de oportunidades persisten como expresiones de una debilidad institucional que el país no ha logrado superar plenamente.
Transcurrido ya un cuarto del siglo XXI, República Dominicana continúa enfrentando problemas estructurales que limitan sus posibilidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente inclusivo. La pobreza, la desigualdad social y territorial y la distribución inequitativa de las oportunidades siguen siendo expresiones de una debilidad institucional que el país no ha logrado superar plenamente. A 62 años del final de la dictadura, continúa pendiente la tarea histórica de consolidar plenamente la democracia, fortalecer el Estado de derecho y construir instituciones capaces de hacer que la ley prevalezca de manera constante por encima de intereses particulares, coyunturales o de turno.
Una democracia se consolida cuando las instituciones funcionan, cuando las leyes se cumplen, cuando los ciudadanos tienen garantizados sus derechos y cuando el Estado actúa para procurar el bien común. La debilidad institucional tiene consecuencias concretas sobre la vida de la población. Una sociedad que no logra acumular el capital humano necesario para crecer con equidad termina reproduciendo sus propias desigualdades. Persisten carencias que demandan políticas públicas eficaces y sostenidas: alimentación adecuada, acceso al agua potable, suministro confiable de electricidad, viviendas dignas, educación de calidad, salud integral, seguridad ciudadana, empleo y protección social.
Factores estructurales y políticas públicas equivocadas continúan dificultando que República Dominicana pueda superar con mayor rapidez sus vulnerabilidades y convertir el crecimiento económico en bienestar general. En las últimas décadas, el país ha avanzado en la construcción de un marco jurídico destinado a orientar la acción del Estado hacia el desarrollo. La Constitución de 2010, la creación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (inexplicablemente abolido), la Estrategia Nacional de Desarrollo y la legislación ambiental constituyen instrumentos fundamentales para ordenar las políticas públicas y establecer responsabilidades institucionales.
La Constitución de 2010 dio un paso trascendental al definir a República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho. El Estado Social y Democrático de Derecho coloca la dignidad humana en el centro de la acción pública. Obliga a los poderes públicos a proteger los derechos fundamentales, promover la igualdad real, garantizar el acceso a servicios esenciales y someter el ejercicio del poder a la Constitución y las leyes. El Estado no puede limitarse a garantizar libertades formales mientras grandes sectores de la población carecen de las condiciones materiales indispensables para ejercerlas plenamente. La democracia política pierde contenido cuando la desigualdad económica y social restringe las posibilidades reales de participación y progreso. De ahí que gobernar bajo un Estado Social y Democrático de Derecho implique asumir responsabilidades concretas frente a la pobreza, la exclusión y la marginalidad. Las sociedades que alcanzan mayores niveles de prosperidad son aquellas que construyen instituciones inclusivas, que permiten a la mayoría participar en la economía y en la vida política, acceder a oportunidades y desarrollar sus capacidades. Por el contrario, las instituciones extractivas concentran el poder y la riqueza en manos de unos pocos, restringen las oportunidades de las mayorías y terminan reproduciendo ciclos de pobreza, exclusión y estancamiento.
