El país ratificó la CDPD en 2008 y tiene leyes avanzadas, pero el subregistro persiste en sus estadísticas
A pesar de un marco legal robusto y compromisos internacionales, República Dominicana aún no sabe con certeza qué porcentaje de su población tiene discapacidad. Expertos y organismos proponen mejoras al censo para cerrar esa brecha.
La conversación pública sobre discapacidad ha ocupado espacios cada vez más significativos en República Dominicana, impulsada por organizaciones y fundaciones que trabajan con discapacidades específicas y por el liderazgo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Este impulso se tradujo en la Ley No. 5-13 sobre Discapacidad, la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista y su reglamento, el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 y el Catálogo de Intervenciones de los Servicios Regionales de Salud.
En el ámbito internacional, el país ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), marco de referencia para las políticas públicas de los Estados firmantes. Pese a estos avances, no se ha logrado determinar con certeza el porcentaje de población con alguna condición de discapacidad, información clave para orientar estrategias.
Los datos oficiales provienen del X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, que incluyó por primera vez las seis preguntas de la «lista breve» del Grupo Washington de Estadísticas sobre Discapacidad, creado por la ONU para estandarizar la medición y facilitar comparaciones internacionales. Estas preguntas abordan visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. Sin embargo, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) advirtió en marzo de ese año que no fueron diseñadas para identificar condiciones específicas, lo que contribuye al subregistro por ocultamiento, minimización, formulación de las preguntas u omisión de evidencia.
Para corregir estas limitaciones, se han propuesto mejoras como optimizar los datos sobre la niñez (los censos parten de los cinco años), incluir otras limitaciones del desarrollo y psicosociales, y formular las preguntas evitando el estigma. Aunque el censo de 2022 sigue el enfoque de funcionamiento según estándares internacionales, sus resultados pueden enriquecerse y el subregistro eliminarse mejorando la accesibilidad, la entrevista y la participación de las personas con discapacidad, como señala la CEPAL. El país tiene las bases para elevar la confiabilidad de sus estadísticas sobre discapacidad.
