Procuradora advierte que la ley no busca disolver empresas, sino evitar que sean fachada de ilícitos
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, aseguró ante la AIRD que las empresas dominicanas no tienen nada que temer del nuevo Código Penal, siempre que implementen programas de cumplimiento normativo para prevenir delitos corporativos.
En un discurso dirigido a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la procuradora Yeni Berenice Reynoso disipó los temores del sector empresarial sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas que introduce la Ley 44-26, reforma de la 74-95. «No hay nada que temer», afirmó, siempre que las compañías adopten una cultura organizacional basada en la prevención y denuncia de riesgos penales.
Reynoso explicó que la ley responsabiliza a la empresa solo cuando hay un hecho punible y una falla corporativa, no por el delito de un empleado individual. «La empresa no es castigada por el delito del empleado individual, sino por el incumplimiento preventivo», subrayó. El espíritu de la norma, dijo, no es disolver compañías formales, sino evitar que las corporaciones sean usadas como fachada para cometer ilícitos.
La procuradora reveló que desde 2020 se han disuelto cerca de 100 empresas ‘de carpeta’ vinculadas al crimen organizado, caracterizadas por evasión total de impuestos y sin empleados registrados en la TSS. Estas, aclaró, no son las que aportan a la economía nacional. Para diferenciarlas, el Ministerio Público prepara un instructivo general que regirá antes del 7 de noviembre, fecha en que entra en vigencia la responsabilidad penal empresarial.
Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, reconoció que las nuevas normativas exigen ir más allá de manuales y códigos: se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal y documentar procesos. Consideró que esto representa una oportunidad para que las empresas mejoren su gestión interna y se alineen con estándares internacionales de cumplimiento.
El anuncio se da en un contexto regional donde varios países han endurecido sus marcos legales contra el lavado de activos y la corrupción empresarial, lo que posiciona a República Dominicana en línea con las tendencias globales de transparencia y gobernanza corporativa.
