El director advierte que ningún país iberoamericano obliga a defender compañías con fondos públicos.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública, dirigida por Rodolfo Valentín, ha elevado al Tribunal Constitucional la disputa sobre si debe representar a empresas privadas, un debate que marca tendencia en la región y redefine los límites del servicio estatal de justicia gratuita.
En una postura que resuena más allá de las fronteras dominicanas, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, anunció que la institución no asignará abogados a empresas u organizaciones privadas, pese a las presiones de algunos tribunales. La decisión, fundamentada en la Constitución y la ley, busca preservar el carácter social del servicio, destinado a personas físicas sin recursos.
Valentín, quien además es coordinador del Caribe en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, subrayó que en Iberoamérica no existe un precedente que obligue a estos organismos a defender compañías con fines de lucro. Como excepción, citó el modelo español, donde solo organizaciones sin fines de lucro, como ONG y fundaciones, pueden acceder a ciertos mecanismos de asistencia, pero nunca empresas comerciales.
El funcionario calificó de ‘trampa malintencionada’ las decisiones de jueces, fiscales y abogados privados que buscan que la Defensa Pública asuma la representación de empresas imputadas. En el caso Camaleón, por ejemplo, un tribunal del Distrito Nacional intimó a la institución a defender a una empresa, bajo amenaza de acciones por desacato del Ministerio Público, lo que ha generado un debate nacional sobre los límites del sistema judicial.
Ante esta situación, la Defensa Pública ha interpuesto varios recursos de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, que aún están pendientes de fallo. Mientras tanto, otros tribunales han optado por declarar en rebeldía a las empresas y continuar los procesos solo contra personas físicas, una salida que podría convertirse en tendencia en República Dominicana y servir de referencia para otros países de la región que enfrentan dilemas similares.
