Iniciativa presidencial marca un precedente en la región para el tratamiento de imputados con trastornos mentales
El anuncio del presidente de la República de crear espacios especializados para personas con trastornos mentales vinculadas a procesos penales coloca al país a la vanguardia de un enfoque moderno de justicia, con implicaciones para el sistema penal y la protección de derechos fundamentales.
La decisión del presidente de la República de impulsar espacios especializados para la atención de personas con trastornos o condiciones de salud mental vinculadas a procesos penales ha sido calificada como un paso trascendental para el fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de la dignidad humana. El abogado, criminólogo y estudioso de las ciencias penales, Joaquincito Bocio Familia, expresó su satisfacción y agradecimiento al señor Presidente por escuchar un reclamo que diversos sectores venían formulando desde hace tiempo.
Bocio Familia recordó que este reclamo cobró fuerza especialmente a raíz del lamentable caso de Ana Josefa García Cuello, hecho que conmocionó profundamente a la sociedad dominicana. En aquel momento se advirtió que el sistema penal dominicano necesita respuestas diferenciadas cuando se encuentra frente a personas que evidencian trastornos mentales o alteraciones psicológicas de consideración. No todo comportamiento socialmente reprochable puede ser abordado exclusivamente desde la óptica del castigo, señaló.
El criminólogo destacó que la creación de centros especializados para la evaluación, tratamiento y seguimiento de personas procesadas penalmente con evidentes condiciones de salud mental representa una visión moderna, humanista y compatible con los principios constitucionales y convencionales que rigen el Estado Social y Democrático de Derecho. Estos centros permitirán que jueces, fiscales, defensores públicos y abogados cuenten con herramientas técnicas más confiables para determinar la condición real de los imputados, evitando decisiones basadas únicamente en percepciones o apreciaciones subjetivas.
Asimismo, contribuirán a proteger a la sociedad, ofreciendo respuestas institucionales adecuadas para aquellos casos que requieren intervención médica especializada. La justicia penal del siglo XXI no puede limitarse a sancionar; debe también comprender, evaluar y diferenciar. El derecho penal moderno exige que las decisiones judiciales descansen sobre bases científicas, especialmente cuando están en juego la salud mental, la imputabilidad y la capacidad de comprensión de los actos realizados. Bocio Familia valoró esta iniciativa presidencial como una señal de sensibilidad social y de compromiso con una justicia más humana, más técnica y más eficiente, y llamó a respaldarla para que se convierta en una realidad institucional sólida.
