El TSA avala tarifa que limita el derecho de acceso a la información en la República Dominicana
La Superintendencia de Pensiones (Sipen) cobra 380 mil pesos por entregar información y tarda hasta 180 días laborables, según confirmó su titular Francisco Torres al economista Arismendi Díaz Santana. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) avaló la medida, lo que pone en entredicho el acceso a la información pública y la transparencia en el país.
Un nuevo escándalo sacude al sistema de pensiones dominicano: la Superintendencia de Pensiones (Sipen) estableció una tarifa de 380 mil pesos por proporcionar información a los interesados, con un plazo de hasta 180 días laborables para entregarla. La denuncia fue documentada por y confirmada por el titular de la entidad, Francisco Torres, al economista Arismendi Díaz Santana.
Torres justificó la tarifa alegando que la Sipen incurre en gastos técnicos cada vez que debe suministrar informaciones a cualquier persona u organización que las solicite. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) avaló la desproporción, lo que ha generado cuestionamientos sobre el respeto al derecho de acceso a la información pública en la República Dominicana.
En una litis con la Sipen, el Grupo de Medios Panorama habría aceptado las condiciones para recibir un informe que solicitó a través de la Ley de libre acceso a la información pública. La tarifa de una entidad cuya función principal es proteger los derechos previsionales de los afiliados y velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01, de Seguridad Social, representa un obstáculo casi insalvable para los interesados en conocer sus operaciones.
Quienes lo ignoran ya saben que para obtener información de la Sipen más allá de las estadísticas disponibles en tiempo real en su página web, tienen que pagar casi 400 mil pesos y esperar hasta seis meses para recibirla. Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación.
