Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y declara caso complejo
El Ministerio Público dominicano depositó una solicitud de medida de coerción contra 25 personas, entre ellas 20 médicos y 5 empleados, acusadas de sustraer más de 40 millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La acción forma parte de la tercera fase de la investigación conocida como Operación Cobra 2.0-A.
La procuradora de Corte Mirna Ortiz, junto al equipo de fiscales, depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional el expediente de 525 páginas que imputa a los procesados de haber sustraído más de 40 millones de pesos del Senasa. De los 28 imputados iniciales, tres fueron dejados en libertad durante el día de ayer, reduciéndose el número a 25.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los acusados y pide la declaratoria de caso complejo. Entre los médicos sometidos figuran Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los empleados señalados son Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez. La procuradora Mirna Ortiz declaró que esta es la tercera operación que vincula fondos sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta fase de la investigación, y que esperan que el tribunal fije la audiencia para conocer la medida de coerción.
La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la participación de 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. También participó la Dirección Nacional de Investigación (DNI). El Ministerio Público advirtió que las investigaciones suelen ampliarse y que apenas comienzan.
