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Tokio rechaza sanciones de Washington contra la cúpula de la Corte Penal Internacional

Tokio rechaza sanciones de Washington contra la cúpula de la Corte Penal InternacionalTokio rechaza sanciones de Washington contra la cúpula de la Corte Penal Internacional

La medida de EE. UU. contra Akane y Seye reaviva la tensión global por la justicia internacional

El Gobierno de Japón calificó de «muy lamentables» las sanciones de Estados Unidos contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el fiscal Abdoulaye Seye, en un nuevo capítulo de la ofensiva de Washington contra el tribunal con sede en La Haya.

El portavoz del Ministerio de Exteriores japonés, Toshihiro Kitamura, afirmó que «las medidas anunciadas resultan muy lamentables» y subrayó que Japón «ha apoyado sistemáticamente a la CPI en sus esfuerzos por enjuiciar y sancionar los crímenes más graves». La primera ministra, Sanae Takaichi, reiteró que la situación es «muy desafortunada» y que mantendrán comunicación con los países relevantes, incluido Estados Unidos.

Washington incluyó este martes a Akane y al abogado senegalés Abdoulaye Seye en su lista de sanciones, lo que implica congelamiento de bienes, aislamiento financiero y restricciones de entrada. La CPI advirtió que estas medidas «socavan el Estado de derecho» y que «cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional».

El tribunal rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones «con independencia e imparcialidad» conforme al Estatuto de Roma. Estados Unidos no es firmante de ese tratado y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra de personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios de Israel, aliado clave de Washington.

A finales de 2025, la presidenta de la CPI denunció que las sanciones contra sus fiscales y jueces les «sitúa al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes», y subrayó que el tribunal no cederá «a ninguna presión» y que su independencia «permanece intacta». En este contexto, la ONG Human Rights Watch (HRW) presionó a las autoridades japonesas para que se pronunciaran públicamente en defensa del tribunal, sometido a «una presión extrema por parte de Estados Unidos».

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