Nueve niños víctimas de explotación; el caso refleja una problemática regional que exige respuestas.
El aplazamiento de la medida de coerción contra el pastor Ángel Gabriel Capellán e Isaías Muñoz pone en el centro del debate nacional la trata de menores en República Dominicana, un flagelo con raíces estructurales y repercusiones internacionales.
La audiencia de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como ‘El Pastor’, e Isaías Muñoz, por presunta trata de menores con fines de explotación laboral en una fundación de Haina, fue aplazada para el 10 de septiembre. La fiscal Fanny Garabito, junto a los magistrados Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo, explicó que la suspensión responde a la necesidad de conocer el anticipo de prueba de los niños involucrados.
El Ministerio Público pide tres meses de prisión preventiva y mantiene la calificación de trata de personas. El expediente detalla nueve víctimas, de dos a 13 años, con señales de golpes, quemaduras y trabajos forzados. Este caso se suma a un patrón regional de explotación infantil que organismos internacionales han documentado en el Caribe, y que la diáspora dominicana sigue con atención desde el exterior.
La defensa, a cargo de Manuel Soto Lara, sostiene que no hubo denuncia de los padres y que los menores fueron entregados voluntariamente. Además, argumenta que la falta de autorización del centro es un asunto administrativo, no penal. La fiscalía, en cambio, insiste en que la etapa de investigación determinará responsabilidades con base en evidencias forenses y allanamientos.
El caso, que comenzó con la fuga de un adolescente hacia el destacamento de Hatillo el 28 de agosto, ha destapado un debate nacional sobre la supervisión de fundaciones y la protección de la niñez. Para República Dominicana, que busca alinearse con estándares internacionales en derechos humanos, este proceso es una prueba de fuego para su sistema judicial.
Mientras el tribunal decide, organizaciones de la sociedad civil y la diáspora observan de cerca. El desenlace no solo definirá la suerte de los acusados, sino que marcará un precedente en la lucha contra la trata de personas en el país y la región.
