En las últimas semanas nuestro país ha vivido la desafortunada coincidencia de vivir tres noticias sobre accidentes que nos deben llevar a reflexión como sociedad sobre lo que hacemos, o dejamos de hacer, que permite que este tipo de situaciones sigan ocurriendo no obstante ser razonablemente prevenibles.
La joven Gabriela Cartagena Gómez falleció mientras practicaba esnórquel en Bahía de las Águilas al ser impactada por un bote.
En otra tragedia la Sra.
María Altagracia Méndez de Olivo falleció luego de que su vehículo fuera chocado por un camión de combustible manejado por Luis Alejandro Torres Mejía quien también falleció.
Por último, El Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal declaró no culpables a los dueños de la empresa Vidal Plast, S.R.L.
empresa que fuera acusada por el Ministerio Público de la explosión que le costó la vida a 38 personas en San Cristóbal el 14 de agosto de 2023.
Todos los detalles detrás de estos tres hechos aún no están disponibles al público, incluso en el caso de San Cristóbal donde ya se agotó un juicio, las circunstancias detrás de ese terrible accidente aún no parecen del todo aclaradas.
Dada esa realidad no podemos hacer afirmaciones específicas a esos casos.
Lo que sí tenemos claro es que ya tenemos un nuevo Código Penal que incluye la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que debe ser un llamado de atención importante para las empresas, especialmente aquellas expuestas a riesgos materiales de accidentes que pueden ocurrir en circunstancias similares a lo ocurrido en Bahía de las Águilas, el Malecón de Santo Domingo y en San Cristóbal.
Una cultura de inseguridad.
En muchas ocasiones he dicho que el diseño de nuestra infraestructura incentiva mucho el caos que vemos en nuestras calles y espacios públicos, pero más allá de eso, es cierto que en República Dominicana tanto los individuos como las organizaciones tendemos a asumir riesgos con demasiada ligereza.
El manejo ofensivo es el punto de partida de nuestros conductores, las leyes de tránsito parecen ser opcionales, como individuos actuamos con poca consideración en cómo nuestras acciones puedan afectar a los demás, buscamos “ahorro” en no invertir en el cuidado y mantenimiento de bienes y espacios, “deja eso así” es tan parte de nuestro mantra como el mangú.
Esa cultura que promueve la inseguridad se refuerza cuando no se toman acciones visibles para corregir ese tipo de comportamiento o si el intento de hacerlo no se sostiene en el tiempo.
Tomemos los accidentes que referí al inicio del artículo, y aunque lamentablemente no hay un registro público documentando este tipo de incidentes, públicamente (cubiertos por la prensa) desde 2023 se han registrado 6 incidentes de accidentes de botes colisionando con personas.
Por su lado, desde 2016 se han reportado al menos 12 accidentes sustanciales involucrando camiones en el Malecón de Santo Domingo.
En la zona entre Bayahíbe y la Isla Saona se ha intentado en múltiples ocasiones poner un poco de orden, primero con resoluciones y luego con balizas para separar los espacios entre botes y nadadores, hasta que por hartazgo por la falta de cumplimiento de las normas, las quitaron.
No he visto reportes de algún intento similar en Bahía de las Águilas, pero no me sorprendería que haya corrido similar destino.
Por igual ocurre con las ya famosas resoluciones que impiden la circulación de camiones en el malecón de Santo Domingo.
Desde el 2012 hay al menos 4 ordenanzas distintas que hablan sobre las restricciones a la circulación de vehículos pesados por esa vía, y sin embargo acá seguimos.
La realidad es que los intentos de solución por vías normativas vienen con pocos, si alguno, ajustes de diseños e infraestructura, esto crea fricciones en su cumplimiento, los llamados a cumplir la norma se quejan y lentamente las autoridades desisten de perseguir su cumplimiento y volvemos al punto de partida hasta que ocurre una nueva tragedia y repetimos el mismo baile que nos lleva a ninguna parte.
Sin embargo, esto podría cambiar.
Un nuevo Código Penal hace su entrada.
El nuevo Código Penal incluye, dentro de las nuevas figuras que introduce en nuestro derecho, la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Todos estos años las empresas no han tenido consecuencias penales por los hechos de sus empleados que afecten a terceros, cuando un bote chocaba a una persona el capitán del barco iba a prisión y para el touroperador no habían consecuencias penales, cuando un chofer de camión chocaba a alguien en el malecón, si sobrevivía, el chofer iba a prisión y la empresa continuaba sin consecuencias penales.
La responsabilidad penal de la persona jurídica cambia eso.
Un programa de cumplimiento penal para empresas de ese tipo necesitará como mínimo una depuración de sus empleados, planes de capacitación en seguridad y monitoreo continuo del comportamiento de estos en el ejercicio de sus labores.
Si bien el negocio va a seguir teniendo prioridad, la seguridad del personal y de terceros ya no va a poder seguir estando en un segundo plano ya que la vida misma del negocio podría depender de ello.
Pedir una celeridad negligente o exigir una productividad más allá de lo razonable en la ejecución de tareas pudiera probar ser fatal para la empresa, por lo que la violación de normas o la sobreexplotación de horarios deberá de ser menos apetecible.
Los titulares de choferes del transporte público dando positivo a pruebas de dopaje aleatorias de la DIGESETT tendrán que ser recuerdos de un pasado distante porque de lo contrario ello le podría salir demasiado caro a la empresa que les contrata.
Por supuesto, mucha agua debe caer y mucha jurisprudencia debe venir para darle forma a la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica en la República Dominicana, y solo después de todo ello estará mucho más clara la forma en que esta va a chocar con nuestra cultura de inseguridad.
Si tenemos suerte, ese choque traerá cosas positivas y no tengamos que vivir con más semanas como las recientes y no seguir perdiendo a tantas personas valiosas en hechos enteramente prevenibles.
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