Vuelos del ICE a ocho países africanos marcan una tendencia global en la política migratoria de EE.UU.
En solo 10 días, el gobierno de Trump ha enviado a más de 100 inmigrantes de diversas nacionalidades a África, una medida que amplía las deportaciones a terceros países y que podría sentar un precedente para la región.
Documentos obtenidos por NBC News revelan que el gobierno de Trump ha intensificado las deportaciones a terceros países, enviando a más de 100 inmigrantes en tres vuelos del ICE a ocho naciones africanas: Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona. Entre los deportados había ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Afganistán, Irán, Nepal y Turquía.
Lo más llamativo es que ninguno de los deportados fue enviado a su país de origen, lo que evidencia una estrategia de expulsión que ignora los vínculos culturales y familiares de los migrantes. Aunque algunos tenían antecedentes penales, muchos solo estaban en situación irregular, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.
Esta política se sustenta en acuerdos con más de 30 países, incluyendo naciones latinoamericanas como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay, que han aceptado recibir inmigrantes de terceros países. Para República Dominicana, que no aparece en la lista, esto representa un llamado de atención sobre la necesidad de tener una política exterior migratoria clara y protección consular para sus ciudadanos.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha hecho de las deportaciones una de sus prioridades, buscando cumplir su promesa electoral de endurecer la inmigración. La ampliación a terceros países, con destinos tan lejanos como África, marca una tendencia que podría extenderse y afectar a más nacionalidades, incluida la dominicana.
El contexto internacional es clave: mientras Estados Unidos endurece sus políticas, otros países observan y algunos imitan. La diáspora dominicana, una de las más grandes en EE.UU., debe estar alerta ante posibles cambios en las reglas migratorias que podrían afectar a miles de familias en la isla.
