La ofensiva de Washington contra el tribunal internacional suma nuevas medidas coercitivas
El Gobierno de Donald Trump sancionó este martes a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, de la Fiscalía del tribunal, como parte de su campaña contra la CPI. Las sanciones entraron en vigor este martes y permiten operaciones limitadas con cuentas vinculadas a ambos hasta el 17 de septiembre.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que también se restringirán las transacciones con cualquier entidad en la que Akane, Seye o ambos posean, directa o indirectamente, una participación de al menos el 50 %. Akane desempeña funciones institucionales y de representación como presidenta de la CPI, mientras que Seye habría supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las sanciones y acusó a la CPI de ser un tribunal supranacional «corrupto y profundamente politizado». Rubio afirmó que la corte ha abusado de su autoridad y se ha excedido en sus funciones, por lo que Washington no tolerará lo que considera un ataque contra la soberanía de los Estados.
La decisión se produce después de que Rubio adelantara en julio que la Administración Trump intensificaría su campaña contra la CPI durante las semanas siguientes. Trump ha mantenido una posición abiertamente confrontativa con el tribunal desde su regreso a la Casa Blanca. En febrero firmó una orden ejecutiva que calificó determinadas actuaciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
La orden apunta especialmente a las investigaciones de la CPI sobre militares estadounidenses en Afganistán y a las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, relacionadas con presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Hasta ahora, el Gobierno de Trump ha utilizado esa orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como a la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese. También ha sancionado a tres organizaciones palestinas de derechos humanos. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI para juzgar a ciudadanos estadounidenses, ya que nunca ha firmado el Estatuto de Roma, y sostiene una posición similar respecto a Israel y sus ciudadanos, porque ese país tampoco es Estado parte del tratado.
