La gran tragedia nacional no es un fenómeno inevitable ni una maldición bíblica.
Es la consecuencia directa de años de permisividad, falta de articulación institucional y una peligrosa costumbre de evadir responsabilidades.
En lo que tiene que ver con el tránsito sobran los ejemplos de esas “ventanas rotas” que aún impiden reconstituir el valor de la institucionalidad en nuestro país.
No podemos seguir permitiendo, por ejemplo, que la irresponsabilidad al volante se convierta en una cruz insostenible para la economía familiar, la estabilidad del sistema sanitario y, sobre todo, para la vida misma.
Cada día se producen graves accidentes de vehículos pesados y motociclistas, que drenan los recursos de los hospitales, y seguimos sin aplicar un torniquete a ese río de sangre.
Como las leyes parecen haber perdido su eficacia simbólica, los ciudadanos han interiorizado que su incumplimiento no genera ni multas, ni cárcel, ni sanción disuasiva alguna.
La norma ha dejado de ser un mandato para convertirse en un mero texto decorativo, creando la percepción de que el Estado legisla para aparentar control, pero desatiende la ejecución.
La permanencia de las “ventanas rotas” envía una señal tácita de que nadie, desde el Estado, ejerce un control social formal sobre estas infracciones.
Eso desencadena un efecto de contagio, ya que la transgresión se normaliza y va escalando, como se evidencia en una larga lista de burlas a la ley en cualquier ámbito.
Baste recordar la proliferación de estructuras dedicadas a falsificar medicinas y licores, a contrabandear drogas, armas y cigarrillos, o incluso a traficar personas, pese a los sistemas de inteligencia y persecución del gobierno.
Esa cadena de organizaciones mafiosas, que llevan tiempo operando, es un reflejo vivo del incumplimiento de las responsabilidades de las autoridades llamadas a impedirlas.
La autoridad no solo se sostiene por la fuerza, sino por la creencia en su legitimidad.
Cuando el ciudadano ve que el Estado no se la aplica ni a sí mismo, el ejercicio de la autoridad pierde su base moral y se vuelve ridículo o arbitrario.
Todavía hay tiempo para no sucumbir a un estado más profundo de ilegitimidad, en el que las leyes hayan perdido toda su eficacia simbólica.
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