Los abogados que integran el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público valoraron este martes la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de ordenar la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado dominicano en el caso de corrupción administrativa por el que fueron condenados el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial ( Cusep ), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre , y otros altos oficiales militares.
José Alberto Ortiz, integrante del equipo, afirmó que el fallo no solo establece una compensación económica sin precedentes, sino que también reconoce los daños causados a las instituciones públicas por las acciones atribuidas a los condenados.
«Es la indemnización más alta que se ha otorgado a favor de una víctima en un caso de corrupción pública, una indemnización de 5,000 millones de pesos y el reconocimiento del Estado dominicano como víctima de hechos cometidos por funcionarios», expresó Ortiz al salir de la sala de audiencias la madrugada de este martes.
El abogado sostuvo que las juezas acogieron los argumentos presentados por el Ministerio Público y por la representación civil del Estado, especialmente los relacionados con los daños ocasionados por las acciones atribuidas a los integrantes de la estructura de corrupción.
«Saludamos la decisión del tribunal.
Realmente ha sido un gran esfuerzo de las juezas.
Acogieron la teoría del Ministerio Público tal y como se presentó, pero sobre todo acogieron la Constitución en actor civil, acogieron la profundidad con la cual le sometimos los daños y sobre todo acogieron el tema del daño moral», manifestó.
Ortiz explicó que el tribunal reconoció distintos perjuicios ocasionados al Estado, entre ellos el daño reputacional derivado de los hechos juzgados.
«Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional ; reconocieron el daño que sufrió la institución del presidente de la República y el que sufrió el turismo dominicano a través de la Policía Turística», indicó.
Asimismo, señaló que los recursos ordenados por el tribunal deberán retornar al patrimonio público.
Al ser cuestionado sobre el mensaje que envía la sentencia a la sociedad, Ortiz consideró que la decisión judicial constituye una señal de rechazo a la corrupción y a la impunidad.
«Le manda un mensaje al país de que la corrupción no va a ser tolerada, la impunidad tampoco, y poco importa la posición que usted ocupe.
Aunque usted sea un militar de alto rango , va a enfrentar consecuencias si incumple el mandato que la ley le da», sostuvo.
El equipo de recuperación del Patrimonio Público estuvo integrado por José Alberto Ortiz Beltrán, Rafael Rivas y Alberto Camacho.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez , Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron a: Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez , quien colaboró con el Ministerio Público durante el proceso, fue condenado a cinco años de prisión de pena cumplida.
También fueron impuestas penas suspendidas: De acuerdo con el expediente acusatorio, la estructura operó entre 2012 y 2020 utilizando recursos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial ( Cusep ), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otras dependencias estatales para desviar fondos públicos destinados a inteligencia, combustibles, alimentación y nóminas.
Es periodista en Diario Libre..
