El presidente Luis Abinader reveló que 15,000 estudiantes reciben clases en centros privados con asistencia estatal, debido a la alta demanda de cupos en escuelas públicas, un fenómeno ligado a la movilidad poblacional y el crecimiento turístico. La medida busca garantizar la continuidad educativa mientras se amplía la infraestructura.
Durante LA Agenda Semanal, el presidente Abinader informó que 15,000 estudiantes estudian en centros educativos privados con asistencia social del Gobierno. De estos, 5,000 fueron incorporados para el año escolar 2026, mientras que 10,000 permanecen desde 2025, en una estrategia para responder a la falta de plazas en el sistema público.
El mandatario atribuyó la situación a la alta movilidad de la población dominicana, especialmente hacia provincias como La Altagracia, el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, donde el desarrollo turístico y económico genera miles de empleos nuevos cada año. “Hay mucha movilidad en la República Dominicana”, argumentó, señalando que no se trata de un déficit de aulas, sino de una demanda no prevista.
El ministro de Educación y el viceministro de Planificación detallaron que para este año escolar hubo una demanda extra de 157,000 cupos, todos resueltos mediante reubicación en el mismo centro, en centros cercanos, o a través del sistema de asistencia escolar con privados. También se recurrió al alquiler de espacios para satisfacer la demanda.
En infraestructura, el director de Infraestructura Escolar, Herrera, anunció la entrega de más de 1,500 aulas nuevas, que superarán las 1,700 en septiembre, y el mantenimiento de 1,457 planteles, de los cuales 1,226 ya están en uso. Además, se detuvo el uso de 57 planteles por fallas estructurales tras una evaluación sísmica en la Cordillera Septentrional, con 34 demoliciones previstas, en un contexto de atención a la seguridad ante la principal falla tectónica del país.
El programa de asistencia a privados refleja una tendencia regional: la presión migratoria interna y el auge turístico obligan a los Estados a flexibilizar sus sistemas educativos, un desafío que República Dominicana enfrenta con soluciones mixtas entre lo público y lo privado.
