La fase preliminar del proceso por corrupción administrativa que salpica a antiguos altos cargos dominicanos concluyó con una decisión de alto impacto: 35 de los 40 señalados enfrentarán un juicio de fondo, mientras cinco lograron la exclusión temporal del expediente. La magistrada Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó el fallo tras revisar un voluminoso legajo construido durante más de tres años de pesquisas.
El fallo no determina culpabilidades ni inocencias, sino que establece si los elementos recolectados por la fiscalía alcanzan el umbral mínimo para debatirse en audiencia oral. Entre los que deberán sentarse ante un tribunal colegiado destaca Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, a quien el Ministerio Público ubica como pieza nuclear del entramado investigado.
Los beneficiados con el no ha lugar
En el extremo opuesto, la jueza concedió autos de no ha lugar a José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, a Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y a otros tres encartados. El argumento central: las pruebas resultaron insuficientes para justificar la apertura del debate oral. La fiscalía anunció de inmediato que apelará esos autos ante la Corte correspondiente, al considerar que la magistrada valoró erróneamente los testimonios.
Qué implica cada figura procesal
El auto de apertura a juicio franquea el paso de la instrucción al plenario describiendo los hechos atribuidos, la tipificación jurídica y las evidencias admitidas. Su función es delimitar el perímetro del juicio: los juzgadores solo valorarán lo expresamente incorporado. El auto de no ha lugar, en cambio, cierra provisionalmente la causa cuando las pruebas resultan endebles para sostener una imputación.
La Corte de Apelación podrá ratificar las exclusiones o revocarlas. Mientras tanto, el proceso contra los 35 enviados a juicio puede avanzar sin retrasos. El verdadero desafío para la fiscalía comienza ahora: acreditar más allá de toda duda razonable delitos como asociación de malhechores, desfalco, soborno y lavado de activos.
