Acusación contra seis personas, incluida una dominicana, expone entramado de fraude migratorio con cobros de hasta 40,000 dólares
Una presunta red de matrimonios falsos liderada por la dominicana Jennifer González en Massachusetts fue desarticulada tras una acusación federal contra seis personas. El esquema, que operó por más de una década, habría generado millones de dólares y evidencia las vulnerabilidades del sistema migratorio estadounidense.
La Fiscalía federal de Massachusetts reveló una acusación contra seis personas por integrar una presunta red que organizaba matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros en situación migratoria irregular, con el fin de obtener fraudulentamente beneficios migratorios. Jennifer González, de 43 años y residente en Fall River, habría dirigido la operación durante más de 10 años, obteniendo presuntamente millones de dólares.
El esquema consistía en cobrar entre 38,000 y 40,000 dólares a cada cliente extranjero. Con ese dinero, González pagaba a ciudadanos estadounidenses para que contrajeran matrimonio con los inmigrantes y participaran en la preparación de documentos que simularan uniones legítimas. La operación organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año, generando cientos de miles de dólares anuales, según los documentos judiciales.
Además de González, fueron acusados Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26. Pugh habría desempeñado funciones de secretaria. Hill cumple condena en prisión estatal por un delito de armas. La investigación detalla que González captaba clientes y les explicaba cómo aparentar matrimonios auténticos: abrir cuentas conjuntas, contratar seguros de vida y tomarse fotografías juntos, incluso en bodas y eventos sociales.
Los clientes también firmaban contratos que, según González, evitaban mencionar al futuro cónyuge para no incriminar el acuerdo, y pagaban 500 dólares mensuales a sus cónyuges asignados o a personas cercanas para mantener el fraude. La acusación sostiene que González pagó a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill para que contrajeran uno o varios matrimonios falsos con los extranjeros, quienes así podían presentar solicitudes ante el USCIS como si estuvieran casados legalmente.
