La oposición cuestiona la política de mano dura y la transparencia de los indicadores de seguridad del Gobierno
El partido Fuerza del Pueblo denunció este martes que entre 2020 y octubre de 2026 se han registrado 1,152 muertes durante intervenciones de la Policía Nacional, un dato que atribuye al fracaso de la política de seguridad ciudadana del Gobierno del PRM y que pone en entredicho las cifras oficiales de criminalidad.
La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, durante una rueda de prensa en la que cuestionó el incremento de los fallecimientos y la aplicación de la política de ‘mano dura’ contra la delincuencia. ‘Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?’, cuestionó Reynoso, quien sostuvo que el miedo y la inseguridad continúan afectando la vida cotidiana de los dominicanos.
De acuerdo con los registros de la organización política, durante las intervenciones policiales se contabilizaron 76 muertes en 2021; 139 en 2022; 226 en 2024 y 214 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende aproximadamente a 236 fallecimientos. Reynoso vinculó estas cifras con la política de mano dura, asociada al denominado código 1.29, que calificó como una ‘cortina de humo’ para desviar la atención de los resultados de los planes gubernamentales de seguridad ciudadana.
La dirigente recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, por lo que advirtió que ‘ninguna institución del Estado tiene autoridad para condenar a muerte a un ciudadano’. No obstante, aclaró que la organización reconoce el derecho de los agentes policiales a defenderse ante situaciones que pongan en peligro sus vidas o las de otras personas. ‘La Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales’, expresó. ‘Lo que rechazamos es que la fuerza letal se utilice al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso’, precisó Reynoso, al reclamar investigaciones sobre los fallecimientos ocurridos durante las actuaciones policiales. Asimismo, sostuvo que los agentes necesitan capacitación, equipamiento, protocolos claros y respaldo institucional para desempeñar sus funciones dentro del marco legal.
En otro orden, Reynoso puso en duda las estadísticas oficiales de homicidios al señalar que, mientras el Gobierno presenta una tasa de 7.36 por cada 100,000 habitantes, los cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP arrojan una estimación anualizada de 11.8. Según la dirigente, las autoridades excluyen de sus indicadores las muertes ocurridas durante intercambios de disparos, las víctimas extranjeras y los homicidios clasificados como indeterminados, lo que, a su juicio, impide establecer la dimensión real de la violencia en el país. También indicó que la propia Policía Nacional reconoció la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, entre ellas 17,635 por violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 4,018 por agresiones sexuales y 2,681 por homicidios.
