Iniciativa introduce nuevos delitos y penas en el sistema penal dominicano
La Ley Mirabal, depositada en la Cámara de Diputados, propone un cambio de fondo en la respuesta penal a la violencia contra las mujeres al crear los delitos de violencia vicaria y vicariato, con penas de hasta 40 años de prisión. El proyecto, presentado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y respaldado por 78 diputados, también redefine el feminicidio y sanciona la violencia digital y la esterilización forzada.
El proyecto de Ley Orgánica de respuesta integral a las violencias contra las mujeres, conocido como Ley Mirabal, fue depositado en la Cámara de Diputados con el objetivo de introducir por primera vez en el sistema dominicano los delitos de violencia vicaria y vicariato. La violencia vicaria castiga con 5 a 10 años de prisión a quien lesione, amenace o prive de libertad a hijos o personas vinculadas a una mujer para castigarla, mientras que el vicariato impone hasta 40 años de cárcel cuando el asesinato de un niño, niña o adolescente se ejecuta para causar sufrimiento a la madre.
La propuesta, presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y asumida por 78 diputados, también penaliza la convivencia de pareja con menores de edad con penas de 5 a 10 años, así como a quienes concierten, entreguen o trasladen a la menor. En el ámbito de la salud reproductiva, tipifica las intervenciones quirúrgicas y métodos anticonceptivos impuestos sin consentimiento, con penas de 10 a 20 años para la esterilización forzada, que se elevan a 20 a 30 años cuando la víctima es niña o adolescente, y castiga hasta con cinco años la denegación de atención médica en emergencias obstétricas.
Frente a las agresiones facilitadas por tecnologías, el proyecto sanciona con 5 a 10 años la captación no consentida de imágenes íntimas, la coacción o sextorsión con material íntimo real o generado por inteligencia artificial, y la divulgación de datos de localización para facilitar agresiones, penas que aumentan hasta 20 años cuando afectan a menores o existe abuso de autoridad. Además, prohíbe cualquier mecanismo de conciliación en casos de violencia contra las mujeres y establece que la reconciliación no extingue la acción penal ni justifica el del expediente.
En materia política, la Ley Mirabal castiga con hasta 20 años de prisión a quien restrinja o coaccione la participación política de las mujeres para ser elegidas o ocupar un puesto público. Asimismo, redefine el feminicidio, que ya está sancionado en el nuevo Código Penal, ampliando a nueve las circunstancias por razones de género y eliminando la exigencia de que exista o haya existido una relación de pareja entre el autor y la víctima. Para los casos de feminicidio seguido del suicidio del agresor, la iniciativa ordena continuar la investigación.
