El país enumera reformas y operativos, pero Washington señala deficiencias en persecución laboral
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a República Dominicana en Nivel 2 en su informe sobre trata de personas, al reconocer esfuerzos significativos pero no el cumplimiento pleno de los estándares mínimos. El Gobierno dominicano respondió con un balance de acciones legislativas, operativas y de asistencia a víctimas.
El informe estadounidense, que evalúa las medidas legislativas y operativas, señala que el país está realizando esfuerzos significativos, pero aún no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata. No obstante, reconoce un aumento general en los esfuerzos en comparación con el período anterior. El Gobierno destacó la modificación de la Ley 137-03 para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en casos de menores de edad, especialmente en explotación sexual, y la asignación de recursos para el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028.
Asimismo, se refirió a la Resolución 13-2024, que establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas, y a la aplicación del artículo 25 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla penas de 20 a 30 años de prisión por entrega o explotación de menores. Durante la modificación de la Ley 137-03 se realizaron consultas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de trata.
En el ámbito penal, el Gobierno reportó 229 investigaciones por trata de personas en 2024, el procesamiento de 50 sospechosos y la investigación de ocho funcionarios por presunta complicidad, de los cuales tres fueron sometidos a procesos judiciales, incluidos miembros de organismos de seguridad. También se suspendieron las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios de trabajo forzoso. Un programa piloto de registro migratorio formalizó a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales para reducir su vulnerabilidad.
En asistencia, se identificaron 136 víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron atención financiada por el Estado, con servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción. La Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Conani coordinaron refugios especializados y medidas de protección a víctimas y testigos. Pese a los avances, el informe advierte deficiencias en la persecución de la trata, particularmente en explotación laboral.
