En Yugoslavia disgregaron para dominar.
En La Española, el plan es fusionar para absorber.
Distinto método.
Idéntico resultado.
La balcanización designa el proceso por el cual un Estado cohesionado se fragmenta desde adentro, alimentado desde afuera, en identidades mutuamente hostiles hasta hacerse ingobernable.
Yugoslavia tardó una década en colapsar.
Lo que se diseña sobre La Española invierte el proceso: no se busca disgregar — se busca fusionar.
No con tanques.
Con demografía, narrativa jurídica y presión concéntrica desde frentes simultáneos.
El primer frente es demográfico.
Haití registró 1,642 muertos y 745 heridos solo entre enero y marzo de 2026.
Las pandillas controlan más del 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Médicos Sin Fronteras evacuó su hospital en Cité Soleil en mayo tras combates que dejaron más de 40 heridos de bala en doce horas.
Un Estado que no protege ni documenta a sus ciudadanos los expulsa hacia la frontera por hambre o violencia — y cuando la natalidad haitiana supera con creces a la dominicana, la demografía trabaja como un enemigo silencioso que ninguna política de deportaciones contiene indefinidamente.
Ese flujo tiene consecuencias internas.
El reconocido psiquiatra César Mella ha advertido que la violencia estructural de la sociedad haitiana, trasplantada e instaurada en territorio dominicano, está produciendo un efecto contagio que incide directamente en el aumento de la violencia contra las mujeres en Quisqueya.
Nuestra sociedad es cada día más violenta.
El segundo frente es jurídico-narrativo.
Los alegatos de “apatridia” que esgrimen ciertos movimientos son desmentidos por las propias constituciones de ambos países, que adoptan el jus sanguinis: es haitiano todo hijo de haitiano, nazca donde nazca.
Lo que llaman apatridia es una deuda soberana de Haití con su pueblo — un Estado que no documenta ni al 40% de sus propios ciudadanos no puede exigirle a su vecino que asuma esa omisión reescribiendo su carta magna.
Distintos sectores han documentado que varias de estas movilizaciones cuentan con financiamiento externo de origen no declarado.
El tercer frente es institucional.
Desde que República Dominicana ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2023, cada decisión migratoria soberana se convierte en expediente internacional.
El último caramelo envenenado es la presidencia de la comisión de salud de la ONU — plataforma ideal para exigir que Quisqueya detenga sus operativos migratorios en hospitales.
Se presiona simultáneamente para reincorporar al país a la CIDH y neutralizar la sentencia 168-13.
Geometría concéntrica: demográfica, jurídica, diplomática, sanitaria.
Frente a todo esto, el gobierno dominicano exhibe un discurso de firmeza migratoria que su propia práctica desmiente — digna de los fariseos y escribas del Templo de Herodes.
Y el Canciller Álvarez, ese maestro del mutis selectivo, parece representar con mayor convicción los intereses de la parte occidental de la isla que los de la oriental.
Yugoslavia no cayó en un día.
Allá querían dividir un país.
Aquí quieren disolver uno dentro del otro.
Tras varias décadas de presión sostenida, el plan parece acelerar.
El resultado no serían dos Repúblicas Dominicanas, sino un enorme Haití.
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