El proyecto en el Congreso reabre el debate sobre costos, formalidad y competitividad.
El proyecto que modifica la Ley 16-92 de Código de Trabajo volvió al Congreso Nacional en un contexto de alta informalidad (cerca del 55% según el Banco Central) y una economía que busca recuperar productividad. La reforma promete beneficios, pero los expertos advierten sobre el costo real de contratar.
La República Dominicana enfrenta una encrucijada: mientras la narrativa oficial presenta la reforma al Código de Trabajo como un avance para los trabajadores, los datos muestran que los costos laborales no salariales siguen siendo de los más altos de la región. Esto impacta directamente la creación de empleo formal y la competitividad del país frente a economías como Centroamérica y.
El proyecto, que ya pasó por el Congreso en períodos anteriores, no aborda preguntas clave: ¿abarata o encarece la contratación formal? ¿Aumenta los pasivos de las empresas? ¿Reduce la inversión en capital para elevar la productividad? Sin un análisis profundo, el articulado podría mantener las distorsiones que frenan la formalidad, un fenómeno que afecta a millones de dominicanos, incluida la diáspora que invierte en el país.
La cesantía es uno de los puntos más polémicos. Aunque se ha dicho que no se tocará, las leyes 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y 87-01 de Seguridad Social ya ordenan un mecanismo alternativo, pero sigue sin implementarse. Esto genera incertidumbre para empleadores y trabajadores, y eleva los costos de despido, desalentando la contratación formal.
Además, el control de salarios mínimos a través del Consejo Nacional de Salarios (CNS) sigue siendo una herramienta distorsionante. Establecer precios mínimos deja fuera del mercado formal a muchos, especialmente a jóvenes y mujeres, y encarece los bienes producidos. En lugar de atacar la inflación o promover la productividad, se recurre a controles que no resuelven el problema de fondo.
La tendencia internacional apunta a reformas que flexibilicen el mercado laboral y fomenten acuerdos voluntarios entre partes, como se ha hecho en Chile y Colombia. República Dominicana necesita una reforma que equilibre la protección social con la creación de empleo. El Congreso tiene la oportunidad de transformar el código, pero requiere un debate basado en datos y no en discursos.
