El caso Donni Santana evidencia fallas en el sistema penitenciario y reaviva el debate sobre la protección infantil en la región.
Un tribunal dominicano ha revertido parcialmente una decisión que otorgó libertad condicional a Donni Santana Cuevas, exembajador condenado a 20 años por violar a su hijastra, al considerar que el beneficio violaba la ley y carecía de sustento normativo.
El fallo de la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, conocido en los últimos días, ha generado un intenso debate a nivel nacional sobre la aplicación de la justicia en casos de abuso sexual infantil. Santana Cuevas, quien ocupó cargos diplomáticos y presidió el Consejo Nacional de Fronteras entre 2014 y 2018, había disfrutado de una libertad condicional durante quince meses, a pesar de haber cumplido solo siete años de una condena de 20, cuando la ley exige purgar al menos la mitad de la pena.
La Corte consideró que el juez de ejecución de la pena, José Manuel Arias, incurrió en una ‘desnaturalización del periodo de pruebas’ al conceder el beneficio, y que su argumento sobre el riesgo de contagio de enfermedades como dengue o malaria en prisión era ‘erróneo y carente de sustento normativo’. El Ministerio Público había calificado la decisión original como un ‘fraude procesal’, lo que refleja la gravedad de la situación.
La nueva resolución, adoptada por mayoría, ordena que el exfuncionario retorne al centro penitenciario del 15 de Azua los fines de semana, desde el viernes hasta el lunes, manteniendo un permiso laboral durante la semana, pero por un período limitado de dos años, entre agosto de 2025 y agosto de 2027. La jueza Zeida L. Noboa Pérez, presidenta del tribunal, votó en contra incluso de ese permiso, alegando que se estaban ‘regularizando los vicios’ de la decisión original.
Este caso pone de relieve las deficiencias del sistema judicial y penitenciario dominicano en la gestión de delitos graves, así como la necesidad de garantizar que los condenados por abuso sexual no reciban beneficios indebidos. Organizaciones de protección a la infancia y sectores de la diáspora han seguido el caso con atención, señalando que la respuesta institucional es clave para prevenir futuros abusos y restaurar la confianza en la justicia.
