La mandataria califica como ‘desliz’ las declaraciones de Josué Gutiérrez sobre un cierre del Parlamento
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, rechazó este viernes cualquier posibilidad de disolver el Congreso y calificó como un ‘desliz’ las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien había sugerido que esa medida podría elevar su popularidad. El episodio reaviva el fantasma del autogolpe de 1992 y expone las tensiones institucionales en el país andino.
Durante una visita a la ciudad de Tacna, en el sur del país, Fujimori afirmó: ‘Creo que es un desliz la afirmación hecha por el defensor del Pueblo. Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso’. Las declaraciones de Gutiérrez, formuladas el jueves, señalaban que si la mandataria disolviera el Congreso, su popularidad podría aumentar ’20 o 30 puntos’.
La Defensoría del Pueblo emitió este viernes un comunicado para aclarar las palabras de su titular y negó que estas tuvieran como objetivo promover o desestabilizar el orden democrático peruano. La institución sostuvo que las declaraciones fueron ‘sacadas de contexto’, al difundirse únicamente una parte de la entrevista concedida por Gutiérrez a la emisora radial Exitosa. Según la Defensoría, el funcionario se refirió a un escenario hipotético basado en acontecimientos históricos.
El defensor había aclarado que no estaba alentando esa posibilidad y se definió como un demócrata que cree en los principios institucionales. La polémica surge en un país que atraviesa desde hace años una marcada inestabilidad política. En la última década, Perú ha tenido nueve presidentes, en medio de constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado, donde distintas agrupaciones políticas han disputado cuotas de poder.
La controversia vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como los límites institucionales en un país marcado por el recuerdo del quiebre democrático de 1992, cuando Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria, disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, gobernando durante aproximadamente un año mediante decretos antes de impulsar una nueva Constitución.
