Tribunal fija anticipo de prueba para el 16 de noviembre; otro implicado espera audiencia de coerción
Un juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago impuso tres meses de privación de libertad a un adolescente de 17 años vinculado a la muerte a tiros del sargento José Ramón Henríquez Mejía, ocurrida el 22 de octubre en La Canela. El menor cumplirá la medida en La Vega, mientras el caso avanza con un anticipo de prueba programado para el 16 de noviembre.
La decisión judicial se produce en medio del proceso por la muerte del sargento Henríquez Mejía, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim). El adolescente, cuya identidad se omite por razones legales, deberá permanecer tres meses en un centro para menores de edad en la ciudad de La Vega. El tribunal también dispuso el anticipo de prueba para el próximo 16 de noviembre.
Junto al menor, es procesado Steven Antonio Sandoval Bautista, alias el Vico, de 21 años. La audiencia para conocer la medida de coerción contra este último fue aplazada para el próximo viernes, luego de que su defensa solicitara tiempo para estudiar el expediente. Ambos son señalados como responsables del ataque armado contra el agente.
El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, en el distrito municipal de La Canela, cuando dos personas que se desplazaban en una motocicleta atacaron a tiros al sargento, quien realizaba labores de inteligencia. El agente falleció a causa de varios impactos de bala.
Los familiares de la víctima reclaman justicia. Lucía Mejía Ventura, madre del sargento, expresó su dolor por la muerte de su hijo, quien dejó tres hijos en la orfandad. «Mi hijo tenía familia. Era un hijo bueno, un buen padre y una buena persona con sus amistades», manifestó, al pedir que el caso no quede impune. Melissa Mejía, prima del agente, lo describió como una persona ejemplar y aseguró que, además de su labor policial, atendía un negocio de cafetería en su tiempo libre. Insistió en que se debe profundizar la investigación para establecer las responsabilidades penales correspondientes.
