Caso de George De Aza Amparo evidencia incumplimiento de la Ley 25-26 y crisis de derechos humanos
La desaparición y muerte de George De Aza Amparo, un hombre de 78 años con Alzheimer, ocurrida entre el 3 y el 10 de agosto de 2026, pone en evidencia las fallas institucionales para proteger a las personas con deterioro cognitivo en República Dominicana. A pesar de que la Ley 25-26 ordena activar alertas en menos de 24 horas, su familia denunció una espera de 48 horas.
El 3 de agosto de 2026, George De Aza Amparo salió de su hogar y nunca regresó. Su familia, al intentar denunciar su desaparición, se topó con un obstáculo: según su testimonio, se le indicó que debía esperar 48 horas. George tenía 78 años y vivía con Alzheimer, una condición que incrementa el riesgo de extravío y dificulta que la persona pueda orientarse o pedir ayuda. Este relato, reconstruido a partir del testimonio familiar, no ha sido confirmado por las autoridades.
La Ley 25-26, que regula el sistema de alertas para personas desaparecidas, establece que tras el reporte y la valoración de la denuncia, la activación debe ser conjunta e inmediata, sin superar las 24 horas. La demora denunciada por la familia de George contradice este mandato y plantea interrogantes sobre la aplicación efectiva de la norma en casos de vulnerabilidad cognitiva.
A pesar de que la familia logró contactar a George, no pudieron ubicarlo y su teléfono se apagó poco después. Siete días más tarde, el 10 de agosto, fue hallado sin vida. Su caso refleja una realidad más amplia: la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (ASODOFADE) reporta familias que buscan a seres queridos con Alzheimer o deterioro cognitivo, algunas desde hace años, aunque la lista no es exhaustiva ni representa un registro oficial.
Cada 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer visibiliza el impacto de esta enfermedad, pero el riesgo de extravío sigue siendo un tema pendiente. Las primeras horas son determinantes para encontrar con vida a una persona. República Dominicana enfrenta el desafío de garantizar una respuesta institucional que contemple la especial vulnerabilidad de las personas con deterioro cognitivo, un asunto de salud pública y derechos humanos que trasciende fronteras.
