El gremio denuncia cobros del 27% de beneficios brutos y exige reducción sostenible
La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) advirtió que los plazos para resolver el conflicto por los altos costos de los verifones están por vencer y que, de no haber acuerdo, retirará los dispositivos de sus 780 estaciones afiliadas. La medida afectaría las transacciones con tarjetas en todo el país y presiona al Gobierno y a las empresas financieras.
El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, anunció que están llegando a su término los plazos acordados para buscar una salida al conflicto generado por los altos costos que representan para las estaciones de combustibles los servicios de verifón utilizados para las transacciones con tarjetas bancarias. Ante esto, la organización convocó nuevamente a sus estructuras regionales para adoptar una decisión definitiva.
Pérez advirtió que, si no se alcanza una solución satisfactoria, Anadegas contempla retirar los dispositivos de las estaciones afiliadas de manera coordinada. «Los verifones serán retirados todos y al mismo tiempo en nuestra 780 estaciones. Simplemente no pagaremos a esas empresas financieras el 27 % de nuestros beneficios brutos», amenazó. Aseguró que cualquier determinación será tomada de manera estricta, unida y con el respaldo de las estaciones afiliadas.
El dirigente empresarial sostuvo que, aunque Anadegas ha respetado la tregua y los plazos establecidos para propiciar un entendimiento y sincerar los cobros por el uso de estos dispositivos, la posición del sector no ha variado. Reafirmó que los detallistas de combustibles no están dispuestos a continuar pagando cargas que consideran excesivas a las empresas financieras propietarias de las tres principales marcas proveedoras del servicio.
Pérez declaró que el sector se encuentra entre los que más caro pagan por este servicio en comparación con otros países de la región, situación que, a su juicio, coloca una presión adicional sobre la rentabilidad de las estaciones. Explicó que la organización ha cumplido con los plazos acordados y mantenido una actitud abierta al diálogo para permitir que las autoridades y los representantes de las empresas financieras encontraran una fórmula que reduzca las cargas. Recordó que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, demostró interés en propiciar una solución mediante el diálogo, pero insistió en que cualquier acuerdo debe producir una reducción real y sostenible de los costos.
