La jueza Tardón ve posible ‘guerra híbrida’ y delitos contra la paz del Estado español
La Audiencia Nacional de España ha abierto una investigación sobre la entrada de más de 70,000 migrantes a Ceuta a finales de julio, tras un informe policial que apunta a una ‘gestión favorecedora’ desde Marruecos y ‘permisividad’ de sus fuerzas de seguridad.
La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid a cargo de casos cometidos en el extranjero, dirige las pesquisas. Según una nota de prensa del tribunal, de los hechos pueden desprenderse delitos ‘que comprometen la paz o independencia del Estado’ español, entre otros. La magistrada recuerda que ‘la utilización de flujos migratorios es uno más de los métodos utilizados en las actuaciones de guerra híbrida’ para atacar a los Estados.
La decisión de Tardón se basa principalmente en un informe de la policía española, filtrado a la prensa la semana pasada y al que luego tuvo acceso la AFP, que indica que la irrupción de más de 70,000 personas al pequeño territorio español no obedeció a ‘actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea’. ‘Se ha evidenciado (…) una clara e indudable gestión favorecedora del proceso’ de entrada a Ceuta ‘desde el territorio del Reino de Marruecos’, indicó la jueza, que cita dicho informe.
El documento judicial señala que ‘diferentes miembros uniformados de las fuerzas de seguridad de Marruecos’ no solo mostraron una actitud de ‘permisividad’, sin intentar ‘reducir, dispersar o alejar’ a las personas de la zona fronteriza, sino que hicieron un ‘guiado activo’, ofreciendo indicaciones de cómo debía cruzarse hacia Ceuta. Pese a este informe, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que no hay ‘evidencias sólidas’ de que Marruecos instigara la entrada masiva de migrantes en Ceuta, un territorio sobre el que el reino alauita reclama su soberanía.
Las autoridades marroquíes no han reaccionado al informe policial, pero la prensa de ese país lo calificó de ‘chapucero’ y ‘carente de pruebas materiales’. Además de ilícitos contra la paz del Estado español, la magistrada cree que pudo haber delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con ‘homicidios imprudentes’, por las al menos 83 personas que murieron intentando cruzar a nado a Ceuta. En las horas siguientes a la entrada masiva, la mayor parte de los migrantes volvieron a Marruecos, pero miles de ellos se quedaron, lo que ha derivado en brotes de violencia y protestas multitudinarias de la población ceutí que reclama su expulsión.
