AIRD y procuradora analizan impacto de la norma que moderniza el sistema legal.
El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que reemplaza una legislación de más de un siglo, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y más de 70 nuevas tipificaciones, según advirtieron el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, en un encuentro industrial.
En el Encuentro Industrial ‘Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad’, Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), afirmó que la nueva legislación fortalecerá la seguridad jurídica, la institucionalizad y la competencia leal. Sin embargo, instó al sector empresarial a prepararse para asumir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una figura que introduce el riesgo penal en la gestión de las organizaciones.
Brache señaló que las empresas deberán ir más allá de manuales o códigos formales, implementando una gestión activa basada en la identificación de amenazas y controles efectivos. Esto incluye formación del personal, canales de denuncia e investigación de irregularidades, y la integración del cumplimiento en las operaciones diarias. El cambio también genera interrogantes sobre los criterios de aplicación en los órganos de dirección y la adaptación para las pymes.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, destacó que la implementación del nuevo Código Penal trasciende una reforma normativa, representando un cambio profundo en el marco procesal y dogmático. La magistrada subrayó la transición desde la influencia del derecho penal francés de 1884 hacia paradigmas modernos como la imputación objetiva y el derecho penal contemporáneo.
Reynoso mencionó que la nueva legislación incluye más de 70 nuevas tipificaciones, como ciberdelitos, infracciones ambientales y trata de personas, así como penas máximas de hasta 40 años para delitos graves y un sistema acumulativo de hasta 60 años. Para el sector privado, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una de las principales novedades.
La procuradora resaltó que el texto consagra principios rectores como la legalidad, la irretroactividad, la culpabilidad y la mínima intervención, además de tipificar de manera autónoma los delitos contra la administración pública y la corrupción, con sanciones reforzadas. Este nuevo marco posiciona a República Dominicana en línea con tendencias internacionales de cumplimiento y gobernanza corporativa.
