El aseguró este miércoles que el presunto fraude electrónico investigado por el no constituye un desfalco a la institución, al afirmar que hasta el momento no existe evidencia de participación de empleados municipales y que los recursos comprometidos fueron recuperados tras detectarse las operaciones irregulares.
La reacción del cabildo se produce luego de la publicación de un reportaje de , en el que se detalla que una presunta estructura criminal habría sustraído RD$3,435,120 mediante cinco transferencias electrónicas realizadas desde una cuenta bancaria del hacia cuentas de particulares.
“Nadie de nuestra institución ha sido partícipe de este hecho”, afirmó Félix Franco, director de del Ayuntamiento de Santiago.
El funcionario explicó que la rápida actuación del personal del cabildo, en coordinación con el encargado de la , permitió detectar la situación y recuperar los recursos comprometidos.
Sin embargo, el relato fáctico contenido en el expediente del establece que, antes del bloqueo de las cuentas bancarias, al menos tres retiros presenciales fueron realizados por un monto total de RD$853,000, distribuidos en Azua y Sabana Yegua.
El documento no precisa si esos fondos fueron recuperados posteriormente.
Consultado sobre los mecanismos de control interno para prevenir este tipo de hechos, lo ocurrido al incremento de los delitos tecnológicos que, según sostuvo, han afectado tanto a instituciones públicas como a la propia entidad bancaria.
“Lamentablemente esto ha sucedido mucho últimamente y Banreservas ha sido objetivo de varios ataques de este tipo.
Hay un grupo que siempre busca las alternativas para cometer estos ”, expresó.
El insistió en que el caso corresponde a una modalidad de criminalidad tecnológica ajena a la administración municipal y reiteró que ningún servidor del Ayuntamiento figura entre los investigados por el Ministerio Público.
Además, varios regidores consultados por admitieron desconocer detalles del expediente y aseguraron no haber recibido información oficial sobre las circunstancias del fraude, las investigaciones internas ni las acciones adoptadas por la administración municipal tras descubrirse las.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa su curso contra las personas imputadas por el en un caso que permanece bajo investigación para establecer el alcance de la presunta estructura y las responsabilidades correspondientes.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para hoy, jueves 6 de agosto, fecha en la que el a evaluar la situación procesal de las imputadas.
Entre las imputadas figuran Suleiny Esther Amador, residente en el sector Juma, en Bonao, y Yafermi García Araujo, residente en el municipio de Moca, provincia Espaillat.
Asimismo, el expediente identifica como prófugos a Jorge Miguel Rivas Medina y Elide Miguelina de las Mercedes, quienes, según el Ministerio Público, también recibieron parte de los fondos transferidos..
