El pulso entre el estado y la Casa Blanca marca un precedente para la política migratoria en EE.UU.
El gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de leyes para frenar las deportaciones de Trump, incluyendo la prohibición de guantes de descarga eléctrica y un impuesto a centros de detención. La medida refleja la creciente tensión entre estados demócratas y el gobierno federal.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, promulgó este martes un paquete de leyes dirigidas a contrarrestar la agenda de deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump. Las normas prohíben a las fuerzas del orden utilizar guantes de descarga eléctrica e imponen impuestos a los centros de detención de inmigrantes, entre otras medidas.
«Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado», declaró Newsom en un comunicado.
Los proyectos de ley establecen estándares más estrictos para las prácticas policiales, incluyendo la prohibición de guantes de electrochoque y límites a su uso. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un contrato de 20 millones de dólares para adquirir los guantes CTG-5 destinados a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Estos dispositivos tienen electrodos conductores en la palma que emiten pulsos eléctricos para causar dolor al contacto directo con la piel.
California también restringe el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en operativos migratorios. Prohíbe que agentes del ICE con faltas graves se conviertan en policías o empleados públicos en el estado. Newsom firmó además medidas para supervisar los centros de detención de ICE, con un nuevo impuesto del 25% a las cárceles privadas y el cierre de una laguna fiscal. Otro proyecto otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales, incluidos agentes federales, por violaciones a derechos constitucionales. El DHS criticó las leyes y afirmó que «ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales para hacer de California un lugar más seguro», según un portavoz citado por Político. Es probable que la Administración Trump demande la legislación en los tribunales.
