El director general de , , explicó este martes las razones por las que al tribunal, donde estaba prevista su como testigo en el inicio del por el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ( ), relacionado con una presunta estafa contra el Estado y el de la red semafórica.
El funcionario indicó, a través de un hilo de publicaciones en su cuenta de X, que su de la audiencia se debió a que se encuentra representando a la y al país en la de la (RICG), donde además participará como panelista.
«El pasado fue depositada formalmente la , acompañada de la y de la agenda de la conferencia, dejando documentadas las razones y el carácter institucional de este compromiso», señaló en la publicación.
1/8 Ante las informaciones sobre mi ausencia, en mi condición de testigo en el inicio de juicio de fondo en el caso Intrant Hugo Beras, Jochy Gómez y compartes, considero importante explicar las razones.
Pimentel reiteró que su actuación ante la justicia siempre ha estado marcada por la , la y la , principios que, según afirmó, ha demostrado al atender los requerimientos correspondientes en casos de.
«Ese mismo mantendremos en este caso.
Estaremos presentes en todas las instancias en las que se requiera nuestra , aportando la información y el que corresponda», expresó.
A pesar de su excusa, Pimentel sostuvo que el ejercicio de la también exige actuar con y coherencia, por lo que debe cumplir con sus fuera del país.
«Cuando corresponda atender los , estaremos allí con la misma y de siempre», concluyó.
Las declaraciones de Pimentel se producen horas después de que el del Distrito Nacional dictara una contra los que no comparecieron al inicio del seguido al exdirector del , Hugo ; al empresario tecnológico Jochi Canaán y a otros ocho acusados.
La audiencia fue suspendida y reprogramada para el , debido a que el imputado compareció sin abogados.
El tribunal le otorgó un plazo de 48 horas para contratar a un representante legal.
Según el , los actos de y terrorismo contra los , ocurridos en agosto de 2024, tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular suscrito con la empresa , propiedad de.
El acuerdo entre el y , por un monto superior a , tenía como objetivo la modernización de la red semafórica.
Según la acusación, tras la suspensión del contrato por parte de la , habría provocado, en varias ocasiones, el apagón de esos dispositivos en el Distrito Nacional.
y fueron enviados a por la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, quien también dictó apertura a esa fase contra Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del ; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología, y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de ante el Comité de Compras..
