Giro judicial en el caso de corrupción administrativa
Un vuelco inesperado sacudió el escenario judicial dominicano la noche del viernes, cuando la magistrada Altagracia Ramírez dictó un auto de no ha lugar que exime de responsabilidad penal a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. La togada determinó que la fiscalía no presentó elementos de prueba con la solidez requerida para justificar la apertura de un juicio por corrupción contra ambos exfuncionarios.
Castillo y Peralta, quienes durante todo el proceso defendieron la transparencia de sus gestiones calificando la acusación como carente de fundamento, recuperan así su libertad plena. Con esta resolución, el tribunal ordenó el cese definitivo de las medidas de coerción y el levantamiento de restricciones financieras e inmobiliarias que pesaban sobre ellos.
Donald Guerrero y otros 28 encartados enfrentarán juicio
No obstante, la suerte fue distinta para el exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien sí deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Su equipo de defensa impugnó la legalidad del proceso, argumentando que los informes de la Contraloría General arrastran vicios de origen y que la acción penal contra su cliente habría prescrito.
Junto a Guerrero, otros 28 imputados de la Operación Calamar, incluyendo al abogado Ángel Lockward, también serán sometidos a juicio de fondo para responder por los hechos que les son atribuidos. La resolución también benefició con el no ha lugar a Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Reacciones y alcance del fallo
A su salida de la sala, Gonzalo Castillo se limitó a declarar ante los medios: «Voy con tó'». El tribunal consideró que las pruebas de la parte acusadora resultaron insuficientes para sustentar una apertura a juicio, lo que provocó un cierre anticipado de la persecución penal para varios de los señalados como figuras centrales en el presunto entramado de desfalco.
