Pliego integral de acciones de personal en el Poder Judicial
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) presentó una ambiciosa propuesta de movilidad interna que contempla ascensos por categoría, traslados estratégicos y aumentos de jerarquía para magistrados de larga trayectoria. Las recomendaciones, fundamentadas en los principios de mérito, antigüedad y especialidad, abarcan las cuatro grandes jurisdicciones del sistema judicial dominicano.
El órgano, presidido por el magistrado Luis Henry Molina e integrado por los consejeros Manuel Aurelio Hernández Victoria, Karen Josefina Mejía Pérez, Keila Elizabeth González Belén y Katherine Arletty Rubio Matos, sometió el pliego al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Ninguna de las disposiciones tendrá efecto hasta que el pleno de la SCJ emita su aprobación definitiva.
Ascensos destacados en la jurisdicción penal
En el ámbito penal del Distrito Nacional, la magistrada Ingrid Soraya Fernández Méndez —con 22 años y 7 meses de servicio— fue propuesta como jueza miembro de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Junto a ella, Clara Luz Almonte Gómez, quien acumula 21 años y 5 meses de carrera judicial, recibió una recomendación similar para integrar el mismo tribunal de alzada.
La magistrada Claribel Nivar Arias, también con más de dos décadas de experiencia, obtuvo un aumento de jerarquía para ocupar la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia. Estos movimientos reflejan la intención del CPJ de fortalecer los tribunales colegiados con jueces de dilatada experiencia.
Reconfiguración en las demás jurisdicciones
Las propuestas del Consejo también alcanzan las jurisdicciones civil y comercial, laboral y de tierras, beneficiando a magistrados que han dedicado entre 9 y 27 años al servicio judicial ininterrumpido. La iniciativa busca optimizar la distribución del talento en todo el territorio nacional, atendiendo a criterios de especialización.
La decisión final corresponde ahora al pleno de la Suprema Corte de Justicia, que deberá evaluar cada recomendación antes de oficializar los cambios. El proceso constituye una de las reconfiguraciones de personal más significativas dentro del escalafón judicial dominicano en los últimos años.
