El mediático proceso en Massachusetts reaviva el debate global sobre la psicosis posparto y la justicia
Un juez de Massachusetts rechazó la absolución de Lindsay Clancy, acusada de estrangular a sus tres hijos en 2023, tras un juicio nulo en septiembre. La decisión podría derivar en un nuevo proceso, en un caso que ha conmocionado a Estados Unidos y puesto en el centro la salud mental materna.
El juez William Sullivan, del tribunal de Plymouth, cerca de Boston, determinó que existe evidencia suficiente para que un jurado pueda condenar a Clancy, de 36 años. Su defensa, encabezada por Kevin Reddington, había solicitado la absolución y cuestionado la credibilidad de las confesiones de la acusada, además de criticar la investigación como «espantosa». La fiscal Jennifer Sprague tildó ese argumento de «ridículo».
El juicio original fue declarado nulo el 4 de septiembre, cuando el jurado no alcanzó un veredicto unánime: once miembros se inclinaron por la no culpabilidad debido a razones de salud mental, mientras que uno se opuso y se declaró seguro de la culpabilidad. Clancy no negó haber matado a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, pero sostuvo que sufría psicosis posparto, condición que según expertos afecta a entre una y dos mujeres por cada 1,000 partos.
Tras los homicidios en la vivienda familiar en Massachusetts, Clancy se cortó el cuello y las muñecas y saltó desde una ventana de un segundo piso en un aparente intento de suicidio, quedando paralizada de cintura para abajo. Actualmente está internada en una institución psiquiátrica. Se declaró no culpable por razón de locura y afirmó haber escuchado una voz que le ordenaba matar a sus hijos.
El caso ha tenido una enorme repercusión mediática en Estados Unidos, con más de 80 testigos declarando y un debate nacional sobre la salud mental materna. El presidente Donald Trump calificó los hechos como una «tragedia horrible» y asumió que habrá un nuevo juicio. La decisión del juez Sullivan mantiene el caso en el centro de la opinión pública y podría sentar precedentes sobre cómo se aborda la psicosis posparto en los tribunales.
