La audiencia preliminar define el rumbo del proceso
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió una resolución que marca un antes y después en una de las causas por corrupción administrativa más extensas que ha impulsado el Ministerio Público dominicano. La jueza Altagracia Ramírez determinó que existen elementos probatorios suficientes para que 35 de los 40 encartados enfrenten un debate oral ante un tribunal colegiado.
La magistrada consideró que las evidencias documentales, periciales y testimoniales recopiladas durante más de tres años de investigación justifican la celebración de un juicio de fondo. Entre los señalados se encuentra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, a quien la acusación coloca como una de las figuras centrales de la presunta trama delictiva.
Exclusiones que generan controversia
Cinco imputados quedaron fuera de esta fase por decisión judicial. José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, extitular de Obras Públicas, recibieron autos de no ha lugar junto a otros tres procesados. El tribunal estimó que las pruebas presentadas resultaban insuficientes para sostener una acusación en su contra durante esta etapa preliminar.
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que apelará las exclusiones ante la Corte correspondiente, pues el órgano persecutor sostiene que la jueza incurrió en una valoración errónea de determinados testimonios y piezas probatorias. Mientras ese recurso se resuelve, los 35 restantes continuarán su camino hacia la etapa de juicio oral.
Lo que realmente significa esta decisión
Especialistas en derecho penal recuerdan que el auto de apertura a juicio no equivale a una condena. Esta resolución únicamente delimita los hechos y las pruebas que serán debatidos ante un tribunal de fondo, donde la presunción de inocencia permanece intacta hasta que exista una sentencia firme. La Fiscalía deberá demostrar, más allá de toda duda razonable, delitos como asociación de malhechores, desfalco, soborno y lavado de activos.
El proceso, emparentado con expedientes como Antipulpo, Coral y Medusa, representa una prueba institucional para el sistema de justicia dominicano. La etapa de investigación concluyó, pero ahora arranca la fase más determinante para establecer responsabilidades penales individuales.
