La lucha anticorrupción en RD enfrenta su prueba de fuego con nuevas líneas de investigación
El Ministerio Público dominicano solicitó una prórroga de cuatro meses en el caso Senasa, una señal de que la investigación se ha vuelto más compleja y que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
La fiscal Rosa Alba García defendió ante el juez Deiby Timoteo la necesidad de extender el plazo para concluir las experticias pendientes de la Contraloría, la Cámara de Cuentas, el Inacif y firmas privadas. El volumen de evidencias recopiladas ha hecho que el proceso sea más lento, pero también más profundo, en un caso que ha captado la atención nacional e internacional.
El análisis de la información financiera es clave para seguir el rastro de los recursos, un paso esencial para determinar responsabilidades patrimoniales. La fiscal advirtió que varias instituciones aún no han entregado sus reportes, lo que ha generado críticas sobre la celeridad de la justicia dominicana, mientras la diáspora y los organismos internacionales observan con lupa.
La defensa de Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiker se opuso a la prórroga, pidiendo una revisión de las medidas de coerción, mientras que Francisco Minaya no objetó el plazo pero también solicitó ajustes. Esta disparidad refleja las tensiones entre la necesidad de una investigación exhaustiva y el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.
El hallazgo de una nueva línea de investigación sobre varios centros de salud sugiere que el caso podría expandirse, lo que podría tener implicaciones en todo el sistema de salud dominicano. Este desarrollo, sumado a la lentitud del proceso, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para manejar casos de gran escala y sobre el futuro de la confianza ciudadana en las instituciones.
