Negativa de ONDP a representar a Inprosol frena juicio y abre debate sobre rol del Estado
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) reafirmó que no asignará defensores a empresas privadas, respondiendo a la intimación del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Intrant. La postura, anunciada por Rodolfo Valentín, podría sentar un precedente sobre los límites de la asistencia legal gratuita en el país.
La ONDP, a través de su director Rodolfo Valentín, informó que no representará a Inprosol SRL, empresa acusada en el proceso judicial por presunta estafa contra el Estado y sabotaje a la red semafórica del Intrant. Esta decisión llega después de que el tribunal, que lleva el caso contra el exdirector Hugo Beras y otros nueve acusados, intimara a la institución a designar un abogado para la compañía, bajo advertencia de desacato.
El comunicado de la ONDP sostiene que la asistencia legal gratuita está concebida para personas físicas, no jurídicas, y que «en ningún país de Iberoamérica la defensa pública brinda asistencia a empresas privadas», con la excepción de España, limitada a ONG y fundaciones. Valentín calificó la interpretación de algunos jueces como errónea y denunció «trampas estratégicas interpartes».
Este conflicto institucional refleja una tendencia regional: ¿hasta dónde debe llegar el Estado en la representación legal de entidades privadas? Mientras que en República Dominicana el debate se intensifica, en otros países de Iberoamérica la defensa pública se enfoca en individuos vulnerables. La negativa de la ONDP podría influir en futuras decisiones judiciales y en la interpretación de los derechos fundamentales de las empresas.
El caso Intrant, que involucra la presunta estafa al Estado y el sabotaje a la red semafórica, tiene implicaciones nacionales, especialmente para la diáspora dominicana que sigue de cerca la lucha contra la corrupción. Mientras el Tribunal Constitucional evalúa recursos de revisión sobre este tema, el juicio permanece en pausa, dejando en el aire la pregunta: ¿debe el Estado financiar la defensa de empresas acusadas de delitos contra el propio Estado?
