El Constitucional marca límites a la competencia electoral, mientras la diáspora y analistas observan la tendencia.
El Tribunal Constitucional devolvió al TSE el expediente sobre la prohibición de encuestas, en una decisión que redefine los límites procesales entre los tribunales del país y deja en suspenso una regulación que afecta la transparencia democrática a nivel nacional.
El Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana devolvió al Tribunal Superior Electoral (TSE) el expediente sobre la regulación de encuestas electorales, al considerar que el TSE no puede remitir directamente un caso al TC cuando se declara incompetente. La sentencia, que califica el envío como ‘erróneo envío’, establece un precedente importante sobre la separación de competencias judiciales en el país, con implicaciones para la institucionalizad y la tendencia regional en materia electoral.
El conflicto se originó cuando la Junta Central Electoral (JCE) emitió la Resolución 14-2026, que establece reglas para el registro de encuestadoras y la publicación de sondeos. Justicia Sin Fronteras impugnó la resolución ante el TSE, que alegó falta de competencia y envió el expediente al TC. Sin embargo, el TC aclaró que un tribunal no puede modificar la vía procesal de otro órgano jurisdiccional, citando que ‘la facultad de evaluar su propia competencia no permite modificar competencias atribuidas a otros órganos’.
El fallo del TC no resuelve si la regulación de la JCE es constitucional, ni aborda la solicitud de suspensión provisional de las disposiciones cuestionadas. No obstante, el 20 de agosto la JCE ya había suspendido provisionalmente el artículo 13 de la resolución, que prohibía publicar encuestas fuera de los períodos de precampaña y campaña. Esta suspensión se mantiene mientras las instancias competentes deciden, lo que genera un vacío legal que monitorean de cerca la diáspora dominicana y organismos internacionales como la OEA, preocupados por la transparencia de los procesos electorales.
La decisión del TC refuerza la idea de que ningún tribunal puede convertirse en un ‘tribunal de envío’, una postura que podría influir en otros países de la región con sistemas judiciales similares. Mientras tanto, el TSE deberá ahora asumir el caso y pronunciarse sobre la impugnación de Justicia Sin Fronteras, en un contexto donde la regulación de encuestas sigue siendo un tema polémico que enfrenta la libertad de expresión con la necesidad de evitar la manipulación electoral. La tendencia apunta a que el TSE tendrá que resolver el fondo del asunto, con la mirada puesta en las próximas elecciones.
